viernes, 3 de febrero de 2017

De la Aragón-Cazaril a la Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona: una historia de mentiras que parece no tener fin

Algunas de las viejas torres de la Aragón-Cazaril en las proximidades de La Puebla del Mon, en el municipio de Graus (Huesca). Al fondo, sobre la Sierra del Castillo de Laguarres (Lugar de Importancia Comunitaria) asoma la cima del Turbón.
Con motivo de la reciente electrocución de la hembra de águila perdicera que anidaba en la sierra de la Carrodilla, algunos compañeros de nuestra plataforma se pusieron a investigar las medidas correctoras en tendidos eléctricos en Aragón e, inesperadamente, descubrieron, en el documento de la DGA, de 2010, titulado Corrección de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en las comarcas de Aragón, la mención de una línea eléctrica denominada "Aragón-Graus" (véase la imagen siguiente, de la página 17 del citado documento, donde hemos subrayado dicha mención):
Haced click en la imagen para ampliarla.

Que sepamos, esta denominación "Aragón-Graus" no existe ni ha existido, al menos oficialmente, para ninguna de las líneas eléctricas construidas o proyectadas en Aragón. Sin embargo, no resulta difícil suponer que se refiere a uno de los tramos del antiguo y extinto proyecto de interconexión eléctrica Aragón-Cazaril (denominado así por el nombre de la subestación de origen, "Aragón", ubicada en Castelnou, Teruel); aunque, quizá, dada la fecha del documento, se tratase, con más exactitud, de uno de los tramos del proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona, que inició su andadura a finales del año 2008 y cuya sombra sigue planeando sobre nuestras cabezas, pese a que, a fecha de hoy y de manera sorprendente, no se ha cerrado su expediente, a falta de una Declaración de Impacto Ambiental y de una Autorización Administrativa que quedó paralizada por el Decreto 13-2012 de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, y de transposición de directivas comunitarias sobre energía y corrección de desajustes entre costes e ingresos del sistema eléctrico y gasista (eso sí, tras un retraso considerable en el desarrollo del proyecto a causa de la enorme oposición social, evidenciada en las numerosas jornadas de protesta y miles de alegaciones presentadas en la fase de exposición pública de su Estudio de Impacto Ambiental).
¿Por qué nos detenemos entonces en este dato aparentemente anecdótico? Pues porque, sencillamente, demuestra una vez más que no nos equivocábamos cuando denunciamos públicamente, una y otra vez, que los proyectos de Autopista Eléctrica que hemos venido padeciendo en nuestras tierras, la Graus-Sallente y la Peñalba-Arnero-Isona, simplemente, camuflaban o escondían las intenciones de Red Eléctrica de España de resucitar su anhelado proyecto de interconexión eléctrica a través del Pirineo central, aprovechando unas infraestructuras (las torres instaladas en los años 90 del pasado siglo para la Aragón-Cazaril) que deberían haber sido desmontadas ya hace décadas, pero que siguen en pie en el territorio, pese a que Francia indemnizó a España por su construcción y pese a las numerosas peticiones de desmonte de instituciones aragonesas. Ya lo advertimos con toda claridad cuando conocimos a fondo el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona y descubrimos, en la Planificación de la red eléctrica española para el periodo 2001-2011, la mención de un proyecto denominado Graus-Cazaril (que suponemos que sería la continuación del mencionado Aragón-Graus, y que podría explicar el extraño trazado propuesto para la Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona rodeando la localidad de Capella). Lo afirmó incluso la Asociación Electrotécnica Española (en nada sospechosa de estar relacionada con nuestra plataforma), que, en el informe que elaboró en 2013 a petición del Consell Comarcal del Pallars Jussà, concluyó que las razones por las que Red Eléctrica de España justificaba dicho proyecto no se sostenían en modo alguno, por lo que a su parecer (tomando en cuenta trazado, contexto y características) las únicas razones lógicas para su construcción (obviamente ocultas) serían o bien avanzar pasos para una nueva interconexión eléctrica o bien, simplemente, reaprovechar el mayor número posible de las torres nunca demolidas de la Aragón-Cazaril para obtener pingües y fáciles beneficios con su cableado (véase el citado informe, acompañado de nuestras opiniones en http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/2013/08/informe-de-la-asociacion-electrotecnica.html y obsérvese que en sus conclusiones dejan claro que la necesidad de tal infraestructura no está justificada y que, si se le hubiera concedido la Autorización Administrativa, se habría incurrido en un caso de prevaricación).
Estamos, por tanto, ante una historia de mentiras y hasta de posible corrupción que, lamentablemente, no ha trascendido a la opinión pública, por lo que consideramos necesario exponer aquí una vez más el recorrido de estos proyectos (que acumula ya tres décadas), pues, además, como se verá, la historia está lejos de tocar a su fin y, en este año en que se nos amenaza con la presentación de los proyectos de interconexiones eléctricas entre España y Francia, podríamos volver a encontrarnos de nuevo con la resurrección de la Aragón-Cazaril o, cuando menos, de alguno de sus tramos.  

Una de la torres del proyecto Aragón-Cazaril, que deberían haber sido desmontadas tras la desaparición de dicho proyecto, pero que sigue en pie en el municipio de Graus, causando, sin finalidad alguna, un inaceptable impacto paisajístico. Al fondo Cotiella.

El recorrido administrativo del extinto proyecto de interconexión eléctrica con Francia (línea eléctrica de Muy Alta Tensión a 400 kV), conocido como Aragón-Cazaril y promovido por Red Eléctrica de España, tuvo su inicio el 20 de octubre de 1986, generando de inmediato una fortísima contestación social en Aragón (y de manera singular en el Pirineo aragonés), hasta el punto de movilizar de manera unánime a las instituciones y partidos políticos aragoneses, como quedó patente, por ejemplo, con:
  1. La Proposición No de Ley número 38/95-IV relativa a la línea de alta tensión Aragón-Cazaril, que fue aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1995 —BOA número 12—, y a través de la cual estas manifestaban su enérgico rechazo a la construcción de la citada línea de alta tensión y al trazado previsto, instando a la Diputación General de Aragón a trasladar al entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente la oposición del pueblo aragonés a este proyecto (y, en consecuencia, a que se solicitase la retirada del mismo y la paralización de sus obras) y solicitando, además, al Gobierno de Aragón que remitiese a la Comisión Europea, a través de la Oficina de Aragón en Bruselas, la documentación necesaria para que la administración comunitaria tuviera conocimiento de la postura del Gobierno autónomo sobre la construcción de la citada línea.
  2. El hecho de que la misma Diputación General de Aragón, junto con los ayuntamientos de Plan, San Juan de Plan y Gistaín —todos ellos de la Val de Chistau, en el Pirineo oscense— presentara un recurso contencioso administrativo sobre la inviabilidad de esta línea.
En cualquier caso, en 1997, Francia paralizó unilateralmente la parte correspondiente a la línea proyectada en su territorio, rechazándola por razones medioambientales, lo que tuvo como consecuencia indirecta que el recurso contencioso administrativo al que se hacía referencia se resolviese, definitivamente, con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1999, en la que este no daba la razón a ninguna de las partes al haberse producido la pérdida sobrevenida de su objeto por la decisión del gobierno galo. No obstante, en esta sentencia se recogían, en los apartados decimotercero a decimoquinto de los "Fundamentos de Derecho", una serie de consideraciones de las que puede colegirse que:
  • la citada línea Aragón-Cazaril carece de título jurídico, y
  • que las pilonas o apoyos ya instalados en Aragón para su construcción habían sido ubicados sin la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, que, como advertía el Tribunal Supremo a Red Eléctrica de España, resultaría preceptiva en un futuro a causa de los cambios que ya se habían producido entonces en la legislación española, lo que, por ende, implicaría, necesariamente, plantear un nuevo trazado en el caso de que la citada empresa persistiese en su deseo de seguir adelante con su proyecto.
Véase, al respecto, el tenor literal de los citados considerandos de los "Fundamentos de Derecho" de la sentencia:
Decimotercero.- Pues bien, el cambio de circunstancias a que se ha hecho referencia tiene como consecuencia inmediata la necesidad de proyectar un nuevo trazado para la Línea de interconexión, trazado cuyas características no están aún prefijadas pero que, en todo caso habrá de ser sometido a evaluación de impacto ambiental, toda vez que la nueva legislación española en materia de instalación de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica así lo establece (Disposición Adicional Duodécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico). No otra era, en realidad, la pretensión de las partes demandantes, que consistía precisamente en que el proyecto de instalación fuera sometido a la evaluación de impacto ambiental, antes de su definitiva aprobación.
Decimocuarto.- Nos encontramos, pues, ante un litigio en el cual por un lado, las circunstancias posteriores al acto recurrido han
Recs. 183 y 209/96. —10—
determinado la pérdida sobrevenida de su objeto, pues el proyecto aprobado —que dependía necesariamente del correlativo en territorio francés— queda desvirtuado radicalmente al tener que modificarse el trazado elegido, tal como reconoce la propia entidad que solicitó la aprobación de aquel; por otro lado, la pretensión de las partes actoras, en cuanto a la obligada evaluación del impacto ambiental de la instalación proyectada, tendrá cumplida satisfacción en el futuro, dada que la nueva legislación en materia de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica con tensión igual o superior a 220 KW y longitud superior á 15 km. exigen aquella evaluación para los proyectos correspondientes. Ante esta situación procesal, la solución que se impone es la desestimación del recurso, no por la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos de unas y otras partes, sino por la concurrencia de las dos circunstancias que acabamos de reseñar.
Decimoquinto.- La representación de REE insiste, en su escrito de conclusiones, sobre el hecho de que ella no ha renunciado "a los derechos que a su favor han sido reconocidos por los actos administrativos" y que tampoco tiene este carácter la firma de los acuerdos de "adaptación" suscritos en 1997 con Electricité de France. Nada hay que objetar a estas afirmaciones cuyo contenido, sin embargo, no constituye argumento suficiente para impedir la declaración de que el proceso ha perdido su objeto, por la aparición de hechos sobrevenidos. Esta declaración en nada perjudica a los derechos de REE, nacidos de los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros que se han dictado a lo largo de la tramitación del expediente, al menos desde 1986 a 1995, o derivados de los compromisos suscritos con Electricité de France.
Es sabido, sin embargo, que Red Eléctrica de España ha venido interpretando a su favor la citada sentencia; pero esta interesada interpretación, de la que se hizo eco la prensa en su día, llevó al entonces abogado de los ayuntamientos de la Val de Chistau, D. Fernando López Bazán, a emitir en Zaragoza, el 24 de junio de 2000, una nota acerca de la situación jurídica en que quedaba el proyecto Aragón-Cazaril, que recogemos a continuación con el mismo fin que movió a este abogado de refutar tal interpretación, aclarando el sentido de la sentencia:
Como abogado de los ayuntamientos del Valle de Chistau, en diversos recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo, contra resoluciones del Consejo de Ministros relativos a la línea Aragón-Cazaril, adjunto una nota a fin de completar las informaciones de ese diario, la última del 10 del actual.

1.- Por acuerdo del Consejo de Ministros fue aprobado el proyecto de ejecución para la construcción de la línea de alta tensión Aragón-Cazaril, promoviendo contra dicho acuerdo recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo los ayuntamientos del Valle de Chistau: Plan, San Juan de Plan y Gistaín

2.- Posteriormente, estando dicho recurso en tramitación, el gobierno de Francia acuerda no autorizar la ejecución de la línea en territorio francés, acuerdo que los dos ayuntamientos recurrentes se apresuran a elevar al TS interesando la no autorización de la línea en territorio español alegando la causa sobrevenida de su imposibilidad de ejecución, derivada del acuerdo francés.

3.- La causa sobrevenida es reconocida expresamente por REESA, dado que había suscrito sendos convenios con Electricité de France, obligándose a estudiar otras alternativas del trazado de la línea, y pactando también indemnizaciones de gran calado a favor de REESA por los perjuicios derivados de la anulación del primitivo proyecto.

4.- La sentencia dictada por el TS en este recurso, deja claras dos cosas, a saber:

a) La inexistencia de acto administrativo recurrible por la pérdida sobrevenida del mismo. Es decir, ya no es posible construir la línea de alta tensión Aragón-Cazaril por el trazado que se había proyectado. Lo cual no es obstáculo, como dice la sentencia, para que puedan llevarse a cabo otras alternativas.

b) En el futuro, si se llega a construir la línea de alta tensión [por trazado distinto] sería necesario el oportuno estudio de impacto medio ambiental, obligatorio actualmente en las instalaciones aéreas eléctricas.
5.- Por último, en ninguna parte de la sentencia del TS aparece la frase entrecomillada en el diario de fecha 10 del actual: "Los derechos de REESA subsisten" pues lo dicho en la sentencia literalmente es: "Esta declaración [que el proceso ha perdido su objeto] en nada perjudica los derechos de REESA nacidos de los acuerdos del Consejo de Ministros o derivados [lo cual es muy distinto] de los compromisos suscritos con Electricité de France" [como hemos visto otras alternativas al trazado de la línea e indemnizaciones acordadas].
Como bien recuerda esta nota, la decisión unilateral del Gobierno francés de no autorizar el proyecto Aragón-Cazaril en su territorio conllevó que Francia acordase pagar a España 300.000 millones de pesetas en concepto de indemnización por el incumplimiento de contrato y, explícitamente también, como compensación por las infraestructuras del citado proyecto ya instaladas en Aragón. Cabe preguntarse pues qué fue de la nutrida compensación a Red Eléctrica de España por las infraestructuras construidas en territorio aragonés (las pilonas o torres a las que venimos refiriéndonos) pues. como es evidente, no fue utilizada para su desmantelamiento.

Noticia publicada en 1997 por El País en la que se informa de la sustanciosa indemnización con la que Francia compensó a España tras rechazar unilateralmente el proyecto Aragón-Cazaril. Haced click en la imagen para ampliarla.
Sin embargo, tras el fracaso de su proyecto Aragón-Cazaril y pese a la citada sentencia del Tribunal Supremo, Red Eléctrica de España no tuvo inconveniente en cablear las torres instaladas entre las subestaciones "Aragón" (en Castelnou, Teruel) y Peñalba (Huesca) (hecho que denunció nuestra plataforma sin éxito y con el "silencio" administrativo del Gobierno de Aragón), y proyectó la continuidad en España del anterior proyecto de interconexión a través del proyecto de Autopista Eléctrica o MAT a 400 kV denominado Graus-Isona o Graus-Sallente.
Dicho proyecto, vinculado desde sus inicios al proyecto de interconexión con Francia, como una línea transversal que lo interconectaría a su vez con la MAT Sentmenat-Sallente, se vio envuelto en una agria polémica no solo porque suponía el reaprovechamiento de parte de las infraestructuras construidas para la Aragón-Cazaril (que habían sido instaladas sin un Estudio de Impacto Ambiental previo, tal como le recordaba a Red Eléctrica de España el Tribunal Supremo), sino también porque, sin información pública, su trazado fue modificado de manera sustancial, quedando en entredicho que la DGA y Red Eléctrica de España tuvieran potestad para realizar tal modificación.
Especial indignación causó el cambio de ubicación de la subestación "Pirineos", cuya construcción estaba prevista, inicialmente, en el municipio oscense de Castejón de Sos, desde donde la línea se dirigiría hacia Catalunya a través de Bonansa. No es de extrañar que el traslado de este proyecto de subestación a las inmediaciones de Torres del Obispo y Pueyo de Marguillén (en el municipio de Graus) y la consiguiente modificación del trazado previsto para la línea, que se pretendía que discurriese ahora a lo largo de la Sierra del Castillo de Laguarres (Lugar de Importancia Comunitaria), despertase las sospechas y la indignación de la población afectada, que atribuyó la modificación del proyecto a las influencias de los entonces presidentes de la DPH y la DGA, a lo que se sumó el hecho de que el Ayuntamiento de Graus, ahora especialmente afectado, "olvidase" entonces recurrirlo. Todo ello (junto con las graves afecciones sociales y medioambientales que produciría la línea proyectada) generó el unánime rechazo de la población ribagorzana al proyecto de Autopista Eléctrica Graus-Sallente.
En este contexto y a través del Manifiesto de Montañana, se creó, el 8 de febrero de 1998, nuestra Plataforma Unitaria (llamada así por reunir a los afectados en Aragón y Catalunya) contra la Autopista Eléctrica, que a través de dos de las organizaciones que acabaron integrándola, la Asociación de Amigos, Vecinos y Residentes de Torres del Obispo (por el lado aragonés) y la Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural (IPCENA) (por el lado catalán), presentó un recurso cuyo último resultado fue la anulación del proyecto de Autopista Eléctrica Graus-Sallente por sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2005, al no cumplir el proyecto con la legislación medioambiental.
Hay que recordar, por otra parte, que la entonces Mancomunidad de la Ribagorza Oriental, con el Ayuntamiento de Tolva al frente, presentó una queja ante la Comisión Europea (CE), cuyo expediente —nº 2002/4926. SG(2002) A/771912— fue archivado al recibir la CE una respuesta del Gobierno español en la que se aseguraba que el citado proyecto había sido descartado y que, en un futuro, se desarrollaría uno nuevo, denominado Peñalba-Monzón-Salàs de Pallars, con un trazado "completamente distinto del anterior", que no afectaría ya a los Lugares de Interés Comunitario (de la Red Natura 2000) que habían motivado las denuncias al proyecto Graus-Sallente. En estos mismos términos respondió también el Gobierno, el 13 de septiembre de 2004, al entonces diputado por Chunta Aragonesista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Labordeta, quien había solicitado conocer la posición de nuestro ejecutivo sobre la reactivación del proyecto de la línea de alta tensión Graus-Sallente para intercomunicar eléctricamente Francia y España. En todo caso, cabe destacar que la CE tomó las palabras del Gobierno español como un compromiso formal —pues las consideró suficientes para estimar que había desaparecido el proyecto objeto de denuncia—.




Poco le importaron a Red Eléctrica de España las dos sentencias del Tribunal Supremo a las que nos referíamos antes, el compromiso del Gobierno español con la Comisión Europea o las numerosas y continuas exigencias de desmonte de las torres instaladas para la Aragón-Cazaril pues, poco tiempo después de que, precisamente, se convocara una nueva reunión en Graus para estudiar el desmonte de esas viejas infraestructuras, presentó, en el otoño de 2008, su actual proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona, que, como se verá a continuación, reproduce en esencia y sin el menor pudor el trazado del anterior proyecto Graus-Sallente (sí, exactamente el que había sido anulado por el Tribunal Supremo y que, supuestamente, había sido definitivamente descartado por el Gobierno).
Cabe destacar, en esta historia de ocultaciones y mentiras, que dicho proyecto (denominado inicialmente Peñalba-Monzón-Isona) fue remitido a los ayuntamientos afectados (dándose así inicio de su "fase de consultas") en un documento que lo fragmentaba en tramos y lo mezclaba con el de otra conexión a 220 kV, probablemente, con el ánimo de camuflar la "nueva" Autopista Eléctrica, lo que generó confusión en algunos de los citados ayuntamientos. Pero, por si esto fuera poco, el proyecto no fue remitido a las asociaciones que, por sus fines o por haber litigado contra los anteriores proyectos de línea, tenían derecho a ser informadas como afectadas. De hecho, si nuestra plataforma pudo llegar a conocerlo inicialmente fue solo gracias a un compañero que pudo hacerse con el CD que contenía la documentación tras sospechar que pudiera tener que ver con una nueva línea eléctrica. Pero, en cualquier caso, las asociaciones a las que se aludía (integrantes de nuestra plataforma) tuvieron que solicitarlo directamente al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, declarándose afectadas por el proyecto para poder ser informadas de manera oficial. Sin embargo, el ejemplo más evidente de la opacidad con la que actuaron tanto las administraciones responsables como Red Eléctrica de España nos lo ofrece el hecho de que el inicio de este "nuevo" proyecto de Autopista Eléctrica se produjo, según reconoció el entonces Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, merced a un "protocolo" firmado el 29 de septiembre de 2008 por dicho Consejero y el entonces Presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, del cual no tuvieron noticia alguna las Cortes de Aragón hasta el verano de 2009; y eso gracias a la solicitud de nuestros compañeros de Chunta Aragonesista, que supieron de su existencia gracias una pregunta parlamentaria.
En cualquier caso, la reacción de los afectados fue inmediata (demostrándose de nuevo el unánime rechazo al proyecto en los territorios al norte de Monzón) y se plasmó, en medio de un ambiente de auténtica indignación, en el Manifiesto de Tremp (firmado en esta localidad el 13 de diciembre de 2008) con el que se reconstituía de nuevo nuestra Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica bajo la premisa de luchar por todos los medios contra el proyecto de línea de Muy Alta Tensión (sin admitir alternativas ni compensaciones) y en pro de una nueva Cultura de la Energía.
Cabe destacar que la intransigencia ante cualquier alternativa o compensación se fundamentó en la inicial actitud de las administraciones (que, generosamente, calificaríamos de tibia), lo que provocó una gran desconfianza entre los afectados), y en el hecho de que Red Eléctrica de España presentó, para la fase de consultas, un gran número de posibles alternativas al trazado, que fueron interpretadas como una estrategia para dividir a los potenciales afectados, pues, dada nuestra experiencia previa, se tenía la certeza de que la empresa promotora pretendía reaprovechar el máximo número posible de torres de la Aragón-Cazaril, reeditando, con otro nombre, su anterior proyecto Graus-Sallente.
El tiempo, en fin, nos dio toda la razón: Red Eléctrica de España trató de escenificar una supuesta falta de consenso de los opositores a su proyecto (que entonces ya sumaban a la totalidad de los ayuntamientos afectados al norte de Monzón) con una reunión en la Diputació de Lleida en la que presentó como trazado definitivo uno de los dos que, de antemano, presuponíamos que iba a elegir de entre las múltiples alternativas que, "presuntamente", había estudiado (concretamente, el que reutilizaba el mayor número posible de torres de la Aragón-Cazaril y repetía, en esencia, el del antiguo proyecto Graus-Sallente).
Como remate, y por si lo señalado hasta aquí no fuera suficiente, la apertura de la fase de exposición y participación pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona se produjo nada más y nada menos que el 19 de mayo de 2011, es decir, en el aniversario de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el proyecto Aragón-Cazaril (¿casualidad?), y, eso sí, en el último día posible antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas celebradas ese año, lo que motivó la exigencia de una ampliación del plazo para alegar dada la situación de interinidad en que quedaban las administraciones aragonesas en ese momento.
Por añadidura, el análisis del Estudio de Impacto Ambiental presentado generó una enorme indignación al comprobarse que era avalado por el INAGA, que lo consideraba el menos dañino para el medio ambiente, pese a que, objetivamente, era el que generaba un mayor número de afecciones por su mayor longitud y la agreste orografía que atravesaba; por los impactos sobre las poblaciones dada la cercanía del trazado a estas; por la reutilización del mayor número posible de torres de la Aragón-Cazaril (recuérdese que se instalaron sin Estudio de Impacto Ambiental previo) y por sus severos impactos medioambientales (no solo volvía a afectar al LIC de la Sierra del Castillo de Laguarres, pese al "compromiso" del Gobierno español con la CE, sino que, al rodear ahora la localidad de Capella, incrementaba las afecciones atravesando otros espacios de la Red Natura 2000).
Lo que sigue: la creación del Consorcio Ribagorza Siglo XXI; la presentación de miles de alegaciones por parte de los afectados; numerosas charlas informativas; informes de expertos; multitudinarias acciones de protesta (que reunieron a todos los afectados al norte de Monzón por encima de diferencias políticas); acciones parlamentarias en las Cortes de Aragón, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo e incluso una investigación de oficio de la Unión Europea, es algo ya más conocido o que podéis conocer fácilmente acudiendo al artículo sobre el proyecto de Autopista Eléctrica publicado en Ecowiki o a la barra lateral derecha de este blog. En cualquier caso, como decíamos al inicio de este post, toda esta intensa campaña de oposición al proyecto tuvo como resultado el retraso de los planes de Red Eléctrica de España, hasta el punto de que el proyecto de Autopista Eléctrica acabase paralizado (que no olvidado ni anulado) por efecto del Decreto 13-2012 de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, y de transposición de directivas comunitarias sobre energía y corrección de desajustes entre costes e ingresos del sistema eléctrico y gasista.



EL PRESENTE: INCERTIDUMBRE ANTE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON FRANCIA Y EL "RECRECIMIENTO" DE LA LAT FORADADA DEL TOSCAR-LA POBLA DE SEGUR


No mucho después de que Arias Cañete fuese nombrado Comisario Europeo de Energía, aprovechando la nueva situación geoestratégica generada por el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia y, por supuesto, los 300.000 millones de euros del Plan Juncker, la Unión Europea decidió, el 23 de octubre de 2014, potenciar las interconexiones energéticas, logrando el Gobierno de Rajoy un acuerdo para incrementar las ya existentes entre España y Francia con el argumento espurio del "presunto" aislamiento energético de la península ibérica. Solo 24 horas después, Red Eléctrica de España, sin estudios previos ni planificación alguna, "ofreció" al Gobierno tres posibles proyectos, entre los cuales, ¡cómo no!, se encontraba el ahora denominado Monzón-Cazaril (es decir, la antigua Aragón-Cazaril, pero proyectada, aparentemente, desde Monzón, seguramente, porque, dada la falta de oposición a la línea al sur de esta localidad, el tramo Aragón-Peñalba-Monzón lo daban ya por hecho).
Se confirmaba así, una vez más, lo que venimos denunciando desde el principio de este post: que esta empresa nunca ha olvidado su antiguo proyecto de interconexión eléctrica y que los sucesivos proyectos de Autopista Eléctrica con los que nos ha tocado lidiar desde hace décadas escondían en realidad el único objetivo de ir construyéndolo tramo a tramo por encima de la voluntad del pueblo aragonés, de los municipios altoaragoneses y catalanes afectados, del Tribunal Supremo o de lo que se le pusiera por delante.
Inmediatamente, nuestra plataforma reactivó al máximo su actividad y, conocedora de que, para más INRI, otro de los proyectos que proponía Red Eléctrica de España atravesaría también el Pirineo aragonés (el denominado Sabiñánigo-Marsillon), se comprometió a apoyar a los afectados en estas tierras. Además, conscientes de que los proyectos de interconexión eléctrica serían apoyados por la UE (y contarían, por tanto, con la categoría de Proyectos de Interés Comunitario —PIC—), propusimos públicamente la creación de una coordinadora o red de apoyo mutuo transpirenaica para oponernos, conjuntamente con los afectados a lo largo y ancho del Pirineo, a lo que consideramos un auténtico despropósito, no solo por el severo impacto socioeconómico y medioambiental que supondrían las nuevas autopistas eléctricas para el Pirineo, sino también porque con ellas se apuesta por un modelo energético caduco y hecho a la medida de los intereses del lobby energético. A la postre, durante las paradas que el VOLT II realizó en octubre de 2015 en Graus y Sabiñánigo, nuestra propuesta tomó forma definitiva con la creación de la actual Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos , que se constituyó sobre la base de la Declaración de Capella y del Comunicado de Sabiñánigo.
Todo esto resulta conocido, pues se ha venido produciendo en fechas relativamente cercanas, y el desarrollo y las acciones de nuestra Red de Apoyo Mutuo (a la que este blog sirve también de medio de expresión) se han venido exponiendo en esta página. Por ello, no nos detendremos ahora en este asunto y volvemos al tema que nos ocupa para analizar cómo se han desarrollado los hechos, de nuevo entre ocultaciones e incertidumbre, desde la citada propuesta de Red Eléctrica de España al Gobierno español. 
En efecto, tras el "ofrecimiento" de Red Eléctrica de España de tres posibles nuevas interconexiones, que inmediatamente asumió el Gobierno (que para algo están las puertas giratorias), comenzó la habitual campaña de desinformación, que, eso sí, vino acompañada del curioso anuncio de una moratoria de cinco años para el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Monzón-Isona, que nuestra plataforma interpretó como una estrategia para desmovilizarnos y hacernos bajar la guardia.
De nuevo, el entonces Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga (que, supuestamente, no tenía otra información sobre las interconexiones que afectarían a Aragón que la publicada en la prensa), encabezó la defensa a ultranza de los nuevos proyectos, presentando en las Cortes de Aragón, en febrero de 2015, una ignominiosa Proposición No de Ley (PNL) en favor de estas (y en contra de la que previamente habían presentado nuestros compañeros de CHA para renovar la tradicional postura de esta institución contra la interconexión eléctrica con Francia). Su PNL fue aprobada con el apoyo del PP y el PAR, consumándose así lo que nuestra plataforma consideró una traición al pueblo aragonés.
Basta leer el texto aprobado entonces (y que, afortunadamente, ha quedado anulado por el reciente pronunciamiento de las actuales Cortes de Aragón en contra de las interconexiones eléctricas y la Autopista Eléctrica) para hacerse una idea de que el anterior ejecutivo aragonés estaba dispuesto a apoyar de manera entusiasta cuantas interconexiones eléctricas pudieran hacerse a través del Pirineo aragonés.
Los hechos relatados se produjeron pocos días antes (¿casualidad?) de que, a través de la Declaración de Madrid (4 de marzo de 2015), los gobiernos español y francés acordasen definitivamente desarrollar tres proyectos de interconexión eléctrica: uno por cable submarino a través del Golfo de Vizcaya, otro a través del Pirineo navarro y otro, el denominado Sabiñánigo-Marsillon, a través del Pirineo aragonés.
Sospechamos que el resultado de dicho acuerdo no fue totalmente satisfactorio para el ejecutivo aragonés del PP y el PAR, partidos que, por lo expresado en la PNL de la que hablábamos antes, esperaban lograr tanto la interconexión por la zona de Sabiñánigo como la reedición de la Aragón-Cazaril. Sin embargo, y visto ahora en retrospectiva, la decisión de los gobiernos de España y Francia resultaba lógica, en lo tocante al proyecto Aragón-Cazaril, pues resulta difícil de imaginar que el ejecutivo galo se desdijese de la decisión que tomó en 1997 de descartar por motivos medioambientales este proyecto de línea, sobre todo, después de haber tenido que indemnizar por ello a Red Eléctrica de España con 300.000 millones de pesetas.
¿Pero, realmente, ha renunciado Red Eléctrica de España a reeditar la Aragón-Cazaril, que, con tanta diligencia, volvió a proponer al Gobierno en cuanto conoció la voluntad de este de potenciar las interconexiones con nuestro país vecino? Creemos que no, o no al menos en su totalidad, como prueban algunos datos e indicios que encontramos en las noticias que se han venido produciendo desde entonces hasta hoy, y que enumeramos a continuación:
Escenario 2 de interconexiones eléctricas entre Francia y España (tomado del informe de TRACTEBEL-Engineering al que antes se hacía referencia). A continuación se recogen también las fichas técnicas de las alternativas para la interconexión eléctrica a través del Pirineo aragonés (haced click en las imágenes para ampliarlas).


Para finalizar, se hace necesario mencionar también otro de los proyectos contra los que nuestra plataforma viene luchando: el aumento de la capacidad de transporte de la Línea de Alta Tensión (220 kV) Foradada del Toscar-La Pobla de Segur. Afortunadamente, podemos dirigiros a un post en el que, con motivo de la asamblea que llevamos a cabo en febrero del año pasado en La Pobla de Segur, explicamos con detalle, a través de una presentación de diapositivas incluida en la entrada, el desarrollo de este proyecto, que ha corrido en paralelo al de la Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona y cuya historia (plagada también de abusos y mentiras) daría para un artículo tan extenso como este (véase el citado post en: http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/2016/02/la-palataforma-unitaria-contra-la.html y, a continuación la presentación a la que nos referíamos).



Conforme podréis leer en la anterior presentación, elaborada por un compañero de La Terreta, el citado proyecto (que pretende aumentar la capacidad de transporte de una antigua línea de alta tensión que recorre transversalmente gran parte del Pirineo aragonés para llegar hasta la localidad catalana de La Pobla de Segur) se presentó por vez primera en junio de 2009 (no mucho después del inicio de la fase de consultas del proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona); sin embargo, la fortísima contestación social y las alegaciones presentadas, que obligaron a Red Eléctrica de España a presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (que inicialmente pretendía ahorrarse haciendo pasar el proyecto por obras de mantenimiento y mejora), acabaron provocando que su expediente fuera cerrado por no cumplir con los plazos legales (aunque, según nuestra interpretación de lo entonces sucedido, lo más probable es que la propia empresa promotora desistiese, seguramente esperando mejores tiempos para poder volver a presentarlo).
Esos tiempos mejores llegaron tras la notable rebaja de las exigencias de la legislación ambiental causada por las reformas legales del Gobierno del PP, y el proyecto (que actualmente se encuentra a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental, tras haber recibido un notable número de alegaciones de los afectados) volvió a presentarse en 2015 (esto es, cuando ya se estaban planteando los proyectos de interconexión eléctrica de los que antes hablábamos y cuando de nuevo volvía a hablarse de la Autopista Eléctrica) (¿más casualidades?).
No nos detendremos aquí en enumerar de nuevo todos los motivos por los que nos hemos opuesto a este proyecto (que podéis encontrar en el enlace al que os dirigíamos), por más que algunos de ellos se basan en hechos y datos verdaderamente escandalosos. Nuestra intención, de nuevo, es tratar de desentrañar lo que Red Eléctrica de España pretende hacer con esta línea de 220 kV. Y es que las coincidencias en el tiempo con el desarrollo del proyecto Peñalba-Arnero-Isona nos han llevado en todo momento a suponer una clara vinculación entre el "recrecimiento" de la Foradada del Toscar-La Pobla de Segur (una LAT que ha superado con creces su vida útil) y el proyecto de interconexión eléctrica con Francia a través del Alto Aragón, incluyendo, por supuesto, el ramal de interconexión con Catalunya, la Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona (así lo interpretó también la Asociación Electrotécnica Española en el informe al que venimos refiriéndonos, en el que justificaba su impresión de que Red Eléctrica de España podía estar pretendiendo camuflar un proyecto de interconexión eléctrica con Francia tras la Autopista Eléctrica al coincidir su desarrollo con la repotenciación de la LAT Foradada del Toscar-La Pobla de Segur y la también cercana LAT Morales-Pont de Suert).
La empresa promotora (¡cómo no!) ha negado en todo momento la existencia de relación alguna entre el proyecto de "recrecimiento" de la Foradada del Toscar-La Pobla de Segur y cualquier posible interconexión eléctrica con Francia, afirmando que su intención es, simplemente, mejorar la evacuación de la energía producida en la central hidroeléctrica de Moralets. Sin embargo, tres datos apuntan a que de nuevo Red Eléctrica de España nos oculta sus verdaderas intenciones:
  1. Como veíamos antes, la interconexión eléctrica proyectada por Sabiñánigo, necesitará refuerzos importantes en el lado francés (conexión transversal mediante MAT entre Os-Marsillon y Cazaril). ¿Será está LAT a la que se pretende aumentar la capacidad de transporte su equivalente en España para conectar Sabiñánigo y la interconexión eléctrica con la Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona?
  2. Confirmando esta impresión, el proyecto de aumento de la capacidad de transporte de la línea en cuestión, aparece claramente vinculado en la planificación de la red eléctrica española para el periodo 2015-2020, a la que antes nos referíamos, con el eje que une Sabiñánigo con La Pobla de Segur, atravesando el centro del Pirineo longitudinalmente. Obsérvese, que desde Foradada del Toscar hacia el oeste, la línea en cuestión se prolonga hasta la capital del Serrablo.
  3. Cabe señalar también, aunque parezca un dato anecdótico, las extrañas circunstancias que rodearon el envío de la documentación con la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de "recrecimiento" de la Foradada del Toscar-La Pobla de Segur al Ayuntamiento de Graus. En sí, tal hecho resulta paradójico ya que la línea no afecta en ningún punto a este municipio. Por ello, su remisión a este ayuntamiento (cuando además, una vez más, la documentación no se remitió a las asociaciones y personas afectadas que alegaron contra él en el primer intento de Red Eléctrica de España de llevarlo a cabo) despertó inmediatamente una gran preocupación. Nunca se ha llegado a saber por qué se produjo este envío, pero, al poco de ser recibido el proyecto en Graus, un Delegado de Red Eléctrica de España se ofreció para informar al Consistorio. Sin embargo, pese a que todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Graus (PSOE, Aragón Sí Puede y PAR) pidieron estar presentes en esa reunión, por expreso deseo del citado delegado, esta se llevó a cabo a puerta cerrada y únicamente con el Alcalde (del PP) (y eso sí, con la presencia ante la puerta cerrada de uno de nuestros compañeros de Aragón Sí Puede, concejal en este Ayuntamiento, al que no se dignó ni a saludar el representante de la empresa). Según el Alcalde de Graus, en la información que, a posteriori, trasladó al resto de grupos políticos, el Delegado de Red Eléctrica de España insistió en la reunión en que el proyecto no tenía nada que ver ni con la Autopista Eléctrica ni con los proyectos de interconexión eléctrica con Francia. ¿Tendremos que creérnoslo después de semejante muestra de opacidad y desprecio a una buena parte de la Corporación grausina?

Finalizamos ya este largo post bajo un esbozo (tomado del Facebook de nuestros compañeros de ANVII Béarn-ligne électrique) en el que se representan esquemáticamente los proyectos que, a la vista de todos los datos que hemos expuesto, creemos que quiere llevar a cabo Red Eléctrica de España en nuestro Pirineo (sin descartar, como siempre, que pretenda además completar en un futuro su antiguo Proyecto Aragón-Cazaril). Como puede verse, de llevarse a cabo, incluso sin la Aragón-Cazaril al completo, tales proyectos implicarían la electrificación total del Pirineo aragonés y el Pallars Jussà, lo que, además de un auténtico atentado medioambiental, supondría darle la puntilla a unos territorios que han venido sufriendo históricamente cientos de proyectos de embalses, centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión, que, a la postre, no solo han sido una de las causas más importantes de su empobrecimiento y despoblación, sino que también, junto con la permanente inseguridad jurídica de la que dan muestra todos los datos aquí expuestos, han supuesto y suponen una dura hipoteca para nuestras posibilidades de desarrollo.
¿Permitirán Aragón y Catalunya semejante expolio?, ¿nos rendiremos ahora después de 30 años de lucha defendiendo nuestro territorio?
Por lo que a nosotros respecta, como podréis comprobar de nuevo con el resumen de toda esta historia de mentiras y abusos con el que cerramos esta entrada, os aseguramos que no será así.

Presentación de diapositivas que nuestra plataforma expuso el pasado 16 de julio de 2016 el en el 6º Foro Internacional contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos de Bayona.
*Dada la extensión de este post, solo lo publicamos en castellano. Rogamos a nuestros compañeros y compañeras de la Franja y del Pallars que nos disculpen por ello.  
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