(Hacer click en la imagen para ampliar)
El Grupo Municipal del PP de Graus presentó ayer lunes 28 de marzo en el Pleno de su Ayuntamiento una pregunta, cuyo borrador encabeza estas líneas (haced click en la imagen para ver el documento en tamaño real), a través de la cual criticaba duramente la falta de voluntad política de este ayuntamiento, en el pasado y en el presente, para oponerse a los planes de Red Eléctrica de España de utilizar las antiguas torres de la Aragón-Cazaril para sus sucesivos intentos de atravesar el municipio con una línea de 400.000 voltios —el antiguo proyecto Graus-Sallente, anulado por el Tribunal Supremo, y el actual proyecto Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona— algo que, como venimos denunciando desde la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, hipotecaría las posibilidades de desarrollo del municipio y afectaría de una manera especialmente grave a su patrimonio natural y a la salud y el futuro de sus núcleos agregados, especialmente de Aguinalíu, Pueyo de Marguillén y La Puebla del Mon.
En dicha pregunta, el portavoz del PP, José Antonio Lagüens, denunciaba, como hemos hecho nosotros también en numerosas ocasiones, la contradicción existente entre la postura oficial de su alcaldesa, de total rechazo al proyecto de Red Eléctrica de España, y la pasividad demostrada por ella y por el anterior alcalde a la hora de oponerse con hechos tangibles a los planes de esta empresa, tanto en lo que respecta al desmantelamiento de las antiguas torres de la Aragón-Cazaril (cuya permanencia en pie hasta el presente, en clara situación de infracción urbanística, es la única razón que justifica el actual trazado elegido por REESA para su Autopista Eléctrica) como en lo tocante al actual proyecto de línea Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, contra el que existe una posición de presunta oposición, que se sustenta simplemente en buenas palabras.
La pregunta en cuestión venía motivada, precisamente,
por la respuesta, absolutamente insatisfactoria, que el Ayuntamiento dio a la petición de desmantelamiento de las torres de la Aragón-Cazaril que se le hizo en su día desde nuestra Plataforma, y de la cual os informábamos recientemente. En ella, como recordaréis, el ayuntamiento de Graus "se lavaba las manos" en este asunto, como viene haciendo desde hace años, con el argumento de que al no haber sido parte en el procedimiento judicial contra la antigua Aragón-Cazaril, está imposibilitado para exigir el desmantelamiento de las torres que ahora quiere reaprovechar REESA para su nuevo proyecto de Autopista Eléctrica. A tal argumento, que a fuerza de ser repetido suena a pura consigna, se ha sumado actualmente la afirmación que este ayuntamiento viene haciendo (así se lo ha transmitido verbalmente a alguno de nuestros compañeros y así lo expresó en una de nuestras charlas en la localidad) acerca de que el desmantelamiento de las torres de la Aragón-Cazaril tenía que haber sido solicitado por la Plataforma. Semejante afirmación sólo puede ser interpretada como un intento de desprestigiar a la Plataforma, al mismo tiempo que el Ayuntamiento esquiva así su responsabilidad en este asunto, pues parece ignorar de manera deliberada que la Plataforma no fue parte tampoco en el recurso contra la Aragón-Cazaril, promovido por el Gobierno de Aragón, y, desde luego, ignora de manera escandalosa nuestras continuas reclamaciones al respecto, entre las cuales debe ser tenida en cuenta la moción planteada en el Ayuntamiento de Graus en 2006 por el grupo municipal de CHA, en el que se encontraba, precisamente, un miembro de nuestra Plataforma. Al respecto, hay que señalar que tal moción, dirigida precisamente al desmantelamiento de las antiguas torres a las que venimos aludiendo, se aprobó por unanimidad sin que, como ayer denunciaba el Grupo Municipal del PP, supusiera en la práctica, hasta nuestros días, ninguna acción concreta y tangible por parte del Ayuntamiento para dar cumplimiento a dicha moción.
Por lo que se nos ha transmitido desde el Grupo Municipal del PP, la respuesta ayer del Ayuntamiento a la pregunta a la que nos referimos siguió la tónica que venimos denunciando de buenas palabras (el ayuntamiento se reafirma en su oposición a la Autopista Eléctrica) y ningún hecho concreto (aunque no hemos podido confirmarlo, parece que el Pleno será retransmitido hoy por la televisión local, de manera que ahí podrá comprobarse lo dicho).
Para dar respuesta pues, de una manera definitiva, a los intentos del Ayuntamiento de Graus de "nadar y guardar la ropa" en todo lo relativo a la Autopista Eléctrica, recogemos a continuación una serie de argumentos legales, que nos han transmitido algunos de nuestros compañeros y el propio portavoz del Grupo Municipal del PP en Graus, que demuestran la falsedad del argumento utilizado por el Ayuntamiento de Graus a la hora de esconder su responsabilidad en el mantenimiento de las torres de la Aragón-Cazaril y, por consiguiente, en el actual trazado elegido por REESA para su Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, que supondría, de llevarse a cabo, un auténtico desastre medioambiental y un grave descalabro económico para el municipio:
Acerca de quién debió solicitar el derribo de las torres de la Aragón-Cazaril, hay que decir que:
- La Plataforma alegó en su día contra el proyecto de línea de 400.000 voltios Graus-Sallente, logrando su anulación en el Tribunal Supremo, con lo que por un tiempo REESA debió congelar el proyecto de reutilizarlas las pilonas. El Ayuntamiento de Graus, por cierto con alcalde PSOE, ni siquiera alegó
- La competencia sobre disciplina urbanística es una responsabilidad no delegable, y por tanto de ejecución irrenunciable, y corresponde precisamente al ayuntamiento. Al respecto, debemos recordarle la Propuesta de Resolución que en 2003 se presentó para solicitar el desmantelamiento de las torres de la Aragón-Cazaril por el LIGALLO DE RIBAGORZA, cuyo texto íntegro es el que sigue:
D. Jesús Sampériz MALUENDA, como portavoz del Grupo Municipal de CHUNTA ARAGONESISTA en el Ayuntamiento de Graus y al objeto de que sea aprobada por el Pleno Municipal, presenta, con fecha 15 de Octubre de 2003 la siguiente Propuesta de Resolución.
ANTECEDENTES
Este Ayuntamiento ha mantenido una postura abiertamente contraria al establecimiento de La Línea de A.T. Graus-Sallente, heredera en la actualidad de un proyecto de comunicación con Francia que en su momento se llamó Aragón-Cazaril. En ese sentido, en diversas ocasiones, en el mandato municipal anterior, se plantearon iniciativas, en unión de otros municipios, y se desarrollaron actividades de apoyo a los colectivos que se oponen a este infraestructura, tendentes a asegurar que este trazado deje de ser un peligro para el desarrollo armónico de la comarca y de nuestro municipio en particular.
Existen varias sentencias de los tribunales de Justicia (19.03.99 del T.S.) así como Proposiciones N.L. de las Cortes Aragonesas (25.10.02) que aconsejan y avalan actuaciones directas por parte del G.A. y de los municipios que atraviesa la citada línea.
Por otro lado, en la actualidad, parecen renacer los intereses, auspiciados por el Gobierno Central, de Red Eléctrica por la puesta en funcionamiento del enlace Graus-Isona que proyecta su funcionamiento efectivo para el año 2007.
POR TODO ELLO SOLICITA
Que, con el objetivo de agilizar las actuaciones de lucha contra esta agresión, en el seno de la Comisión de Obras se articule un GRUPO DE TRABAJO que atienda e informe este asunto y pueda relacionarse, tanto con el Gobierno Aragonés, como con los municipios y asociaciones que se opongan a esta obra.
Que este Ayuntamiento se persone en los procesos jurídicos abiertos en este momento junto a las entidades que los han iniciado.
Que el equipo jurídico del Ayuntamiento de Graus estudie la viabilidad de dictar las ordenes oportunas tendentes al derribo de las estructuras existentes en el término municipal.
(LA PROPUESTA FUE APROBADA CON MAYORÍA DEL PSOE)
Acerca de las posibilidades reales del Ayuntamiento a la hora de solicitar la demolición de las antiguas torres de la Aragón-Cazaril y sobre su responsabilidad histórica en este asunto:
El artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa trata el asunto de la ejecución forzosa de Sentencias como la que nos atañe del TS y dice textualmente:
- Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.
- Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
- Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
Tras la lectura del artículo, está claro que la clave está en la frase:
"y personas afectadas". Solo con ello, puede afirmarse categóricamente que para solicitar la ejecución de una Sentencia
no es necesario por qué ser parte en el proceso. Eso es así y lo demás es desconocimiento de la voluminosa jurisprudencia y doctrina que trata el asunto. Por ello, es una cuestión que debe tratarse jurídicamente con especial atención. Al respecto, la doctrina define a las personas afectadas como aquellas que lo son en un ámbito estrictamente patrimonial. Decir que el Ayuntamiento lo es por el hecho de que las pilonas se instalen en su término municipal sin estar ubicadas en un bien patrimonial municipal quizás es mucho decir ahora, aunque tampoco debería descartarse a la ligera. No obstante, quizás haya personas físicas o jurídicas que sí podrían comparecer como afectadas.
Hasta aquí, respecto a la vía judicial de ejecución forzosa. Pero ateniéndose a los hechos, lo cierto es que, en resumidas cuentas, lo que existe es un acuerdo del Consejo de Ministros u Orden Ministerial que da cobertura legal a un proyecto de instalación de red. Y la da otorgándole el carácter de utilidad pública y autorizando su propia instalación. A partir de ahí, la defensa de legítimos derechos en vía judicial que son satisfechos mediante STS que anula la declaración de utilidad pública y la autorización de instalación.
¿Qué pasa a partir de entonces?
De un lado la ejecución forzosa judicial con aclaración de los términos en cómo debe hacerse; de otro lado, el Ayuntamiento pudo reestablecer la legalidad y disciplina urbanística durante un plazo de 4 años desde la anulación del TS (ahora ha prescrito esa prerrogativa-deber del Ayuntamiento.). Sin embargo, y a pesar de ello, el Ayuntamiento sigue teniendo unos recursos técnicos, jurídicos y materiales, que puede poner al servicio de aquellas personas afectadas y, más aun, todavía puede dirigirse a la Administración General del Estado para pedir explicaciones de por qué no se han retirado las instalaciones o no se ha obligado a su desmantelamiento. Más aún teniendo en cuenta que el Gobierno Francés indemnizó para ello, fruto de su incumplimiento en el acuerdo e imposibilidad real de proseguir así con el proyecto.
EN DEFINITIVA
¿Quién calla en todo este asunto? ¿Qué se oculta tras ese silencio?
El Grup Municipal del PP de Graus va presentar ahir dilluns 28 de març en el Ple del seu Ajuntament una pregunta, l'esborrany de la qual encapçala aquestes línies (feu clic en la imatge per veure el document en grandària real), a través de la qual criticava durament la falta de voluntat política d'aquest ajuntament, en el passat i en el present, per oposar-se als plans de Red Eléctrica de España d'utilitzar les antigues torres de l'Aragó-Cazaril per als seus successius intents de travessar el municipi amb una línia de 400.000 volts —l'antic projecte Graus-Sallente, anul·lat pel Tribunal Suprem, i l'actual projecte Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona— alguna cosa que, com venim denunciant des de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica, hipotecaria les possibilitats de desenvolupament del municipi i afectaria d'una manera especialment greu al seu patrimoni natural i a la salut i el futur dels seus nuclis agregats, especialment de Aguinalíu, Pueyo de Marguillén i La Puebla del Mon.
En aquesta pregunta, el portaveu del PP, José Antonio Lagüens, denunciava, com hem fet nosaltres també en nombroses ocasions, la contradicció existent entre la postura oficial de la seva alcaldessa, de total rebuig al projecte de Red Eléctrica de España, i la passivitat demostrada per ella i per l'anterior alcalde a l'hora d'oposar-se amb fets tangibles als plans d'aquesta empresa, tant pel que fa al desmantellament de les antigues torres de l'Aragó-Cazaril (la permanència de les quals en peus fins al present, en clara situació d'infracció urbanística, és l'única raó que justifica l'actual traçat triat per REESA per a la seva Autopista Elèctrica) com tocant a l'actual projecte de línia Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, contra el qual existeix una posició de presumpta oposició, que se sustenta simplement en bones paraules.
La pregunta en qüestió venia motivada, precisament, per la resposta, absolutament insatisfactòria, que l'Ajuntament va donar a la petició de desmantellament de les torres de l'Aragó-Cazaril que se li va fer en el seu moment des de la nostra Plataforma, i de la qual us informàvem recentment. En ella, com recordareu, l'ajuntament de Graus "es rentava les mans" en aquest assumpte, com ve fent des de fa anys, amb l'argument que al no haver estat part en el procediment judicial contra l'antiga Aragó-Cazaril, està impossibilitat per exigir el desmantellament de les torres que ara vol reaprofitar REESA per al seu nou projecte d'Autopista Elèctrica. A tal argument, que a força de ser repetit sona a pura consigna, s'ha sumat actualment l'afirmació que aquest ajuntament ve fent (així l'hi ha transmès verbalment a algun dels nostres companys i així ho va expressar en una de les nostres xerrades en la localitat) sobre que el desmantellament de les torres de l'Aragó-Cazaril havia d'haver estat sol·licitat per la Plataforma. Semblant afirmació només pot ser interpretada com un intent de desprestigiar a la Plataforma, al mateix temps que l'Ajuntament esquiva així la seva responsabilitat en aquest assumpte, doncs sembla ignorar de manera deliberada que la Plataforma no va ser part tampoc en el recurs contra l'Aragó-Cazaril, promogut pel Govern d'Aragó, i, per descomptat, ignora de manera escandalosa nostres contínues reclamacions sobre aquest tema, entre les quals ha de ser tinguda en compte la moció plantejada a l'Ajuntament de Graus en 2006 pel grup municipal de CHA, en el qual es trobava, precisament, un membre de la nostra Plataforma. Sobre aquest tema, cal assenyalar que tal moció, dirigida precisament al desmantellament de les antigues torres a les quals venim al·ludint, es va aprovar per unanimitat sense que, com ahir denunciava el Grup Municipal del PP, suposés en la pràctica, fins als nostres dies, cap acció concreta i tangible per part de l'Ajuntament per donar compliment a aquesta moció.
Pel que se'ns ha transmès des del Grup Municipal del PP, la resposta ahir de l'Ajuntament a la pregunta a la qual ens referim va seguir la tònica que venim denunciant de bones paraules (l'ajuntament es reafirma en la seva oposició a l'Autopista Elèctrica) i cap fet concret (encara que no hem pogut confirmar-ho, sembla que el Ple serà retransmès avui per la televisió local, de manera que aquí podrà comprovar-se el que s'ha dit).
Per donar resposta doncs, d'una manera definitiva, als intents de l'Ajuntament de Graus de "nedar i guardar la roba" en tot el relatiu a l'Autopista Elèctrica, recollim a continuació una sèrie d'arguments legals, que ens han transmès alguns dels nostres companys i el propi portaveu del Grup Municipal del PP en Graus, que demostren la falsedat de l'argument utilitzat per l'Ajuntament de Graus a l'hora d'amagar la seva responsabilitat en el manteniment de les torres de l'Aragó-Cazaril i, per tant, en l'actual traçat triat per REESA per a la seva Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, que suposaria, en cas que es dugui a terme, un autèntic desastre mediambiental i un greu daltabaix econòmic per al municipi (donada l'extensió d'aquests arguments, els oferim només en castellà / veure més amunt).
Entradas
