El 8 de enero de 2017 hizo tres años de la acción de desobediencia y resistencia llevada a cabo por la Asamblea No a la MAT Girona en Fellines (Viladasens), donde una vez más se mostró la oposición a la línea de Muy Alta Tensión impulsada por Red Eléctrica de España (REE). Un activista se encadenó bajo tierra en el punto donde se iba a construir la torre 66 de la MAT para impedir la construcción de los cimientos y para denunciar los incumplimientos de la Generalitat de Catalunya en cuanto a distancias mínimas de seguridad a edificaciones aisladas.
El fuerte dispositivo policial y las cargas contra las personas que manifestaban su apoyo a la acción hizo que varias de ellas resultaran heridas, algunas con el brazo roto. Semanas más tarde, tres personas fueron detenidas y, finalmente, seis personas resultaron imputadas con peticiones de entre un año y medio y siete años de prisión por oponerse a la MAT y apoyar la acción.
Pero la oposición a esta infraestructura no comenzó aquí. Se inició hace más de 15 años con la aprobación inicial del proyecto. El promotor de la infraestructura (REE) subdividió en diferentes tramos su construcción, lo que provocó una dispersión de la lucha en el tiempo y en el espacio. Surgieron diferentes asambleas, plataformas, y una fuerte oposición popular que se tradujo en múltiples acciones de rechazo: recogidas de firmas, consultas populares, artículos en prensa, manifestaciones masivas, acciones directas de desobediencia, denuncias por la vía del contencioso administrativo, etc.
La premisa básica de las reivindicaciones siempre ha sido de oposición a la MAT y el modelo energético que representa, con la reivindicación de que no la queremos "ni aquí ni en ningún lugar", pero tampoco "ni aérea ni enterrada". Es una lucha que va más allá de la línea en sí, y que se rebela contra el modelo energético y económico que las grandes empresas del oligopolio, con el apoyo de la UE, los estados y los gobiernos regionales nos imponen constantemente.
Un modelo basado en la construcción de macroinfrastructuras innecesarias, leyes antisociales, control ciudadano y medidas diseñadas por las fuerzas capitalistas para dominar y someter a la población. El ejemplo de imposición de la MAT en las comarcas gerundenses se reproduce en otras partes del mundo y del estado español, donde se construyen grandes infraestructuras energéticas y viarias (gasoductos, líneas MAT, puertos, proyectos de extracción de combustibles fósiles, fracking, etc.).
Por ejemplo, actualmente, sobre las comarcas gerundenses se cierne la amenaza del MIDCAT, un gran gasoducto que volverá a afectar el territorio.
Con la campaña "Juicio de Muy Alta Tensión" nos oponemos al modelo energético centralizado, opaco y fósil que representa la MAT y sus impulsores, REE, y, en última instancia, la patronal de la energía UNESA. Nos oponemos porque es insostenible, contaminante y antidemocrático, despilfarrador de recursos naturales y responsable del cambio climático ya que está basado en las energías fósil y nuclear. Cabe recordar que la principal finalidad de la MAT es generar y transportar energía para engordar los beneficios del oligopolio eléctrico.
Hay que tener en cuenta que este modelo energético es la consecuencia de un sistema económico, el capitalismo, devorador de recursos naturales y humanos para el beneficio de las élites. El bienestar social, de las personas y de la tierra es un impedimento para el desarrollo del capitalismo neoliberal, y por este motivo nos encontramos aplastadas, reprimidas, desahuciadas, despedidas y subyugadas.
Por otra parte queremos denunciar el papel de las diferentes administraciones públicas que se han posicionado al lado del lobby eléctrico. Es habitual ver directivos y altos cargos públicos intercambiándose sillas para llenarse los bolsillos con dinero público —las llamadas puertas giratorias— y haciendo comunes las causas judiciales por adjudicaciones ilícitas. Pero la complicidad de los gobiernos del Estado y la Generalitat con las eléctricas no acaba aquí. El Estado español declaró el proyecto "de utilidad pública" el año 2012, de modo que lo blindó contra la lucha administrativa que se estaba llevando a cabo, y aseguró, a la vez, la expropiación forzosa de los propietarios que se negaran a pactar. Pero también múltiples ayuntamientos y la propia Generalitat han sido cómplices, facilitando la ejecución y protección del proyecto y negándose a escuchar a las vecinas y opositoras a la línea para dar vía libre a REE.
No olvidemos que la MAT es un proyecto que solo genera beneficios privados y que no aporta energía al territorio porque es una "autopista eléctrica", concebida para la importación y exportación de energía según las necesidades y los precios del mercado europeo y norte-africano. Así, utiliza la energía como una mercancía, permitiendo y siendo responsable de la llamada pobreza energética, otra forma de miseria que golpea a la sociedad. No nos sorprende, pues, que para mantener esta situación las diferentes administraciones pongan las fuerzas de seguridad a disposición de los intereses empresariales y que el aparato judicial les siga el juego como si la justicia fuera ciega.
Ante esta imposición, la reacción de muchas opositoras ha sido actuar. Por ello queremos reivindicar la acción de desobediencia como una herramienta de lucha legítima contra el capitalismo y las instituciones que la apoyan, que no escuchan a la gente que se opone a este modelo. Por este motivo, reivindicamos la desobediencia y la confrontación directa para cuestionar este sistema económico y hacer patente cuál es la verdadera cara de las élites gobernantes. Defendemos la acción como una opción válida y prioritaria, no como último recurso frente a otras vías fallidas, sean administrativas o judiciales.
Por otro lado, denunciamos cómo se han reprimido y perseguido esta y otras luchas, con el objetivo de desgastar y atemorizar a las personas que forman parte de ellas y criminalizarlas para deslegitimar la movilización. Hay que recordar que en este caso, como en otros, se emplearon medios represivos (dispositivos de "seguridad" y controles, militarización de la zona, cargas policiales, etc.) en un claro abuso de poder por parte del Gobierno.
También denunciamos la forma como se identificaron y fueron denunciadas las seis personas encausadas. El día de los hechos ninguna persona fue identificada presencialmente por parte de los mossos. Sin embargo estas seis solidarias fueron reconocidas y señaladas a posteriori por las brigadas de información, para ser utilizadas como cabezas de turco y atribuirles una serie de supuestos delitos. Según la Ley de Protección de Datos es ilegal crear ficheros de personas según su ideología, militancia, creencias, orientación sexual, etc.; por lo que denunciamos esta práctica policial, tan habitual, de elaborar y usar archivos políticos para identificar y denunciar activistas.
Por todo ello, continuaremos luchando por la preservación del territorio de la destrucción salvaje del capitalismo y sus tan anhelados beneficios económicos. Llamamos a la solidaridad con las personas imputadas, a quien se pide penas de prisión por defender nuestra tierra y a la gente que vive en ella; por defender otro modelo de consumo y de vida.
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