Torres de alta tensión de la Aragón-Cazaril, aún en pie en las cercanías de Pueyo de Marguillén y La Puebla del Mon (Huesca)
Vaya por delante que nos alegramos profundamente de la sentencia del Supremo que ha echado abajo un tramo de 10 kilómetros del tendido eléctrico que REESA estaba instalando entre Penagos y Güeñes (Cantabria / Vizcaya), obligándola a desmantelar además 24 torres ya ancladas en suelo protegido. Nos alegra, sobre todo, por solidaridad con nuestros compañeros y porque hacemos nuestra su victoria (son parte de los dos millones de afectados por REESA en el norte de España), porque es un triunfo de la razón y la justicia y porque el contenido de la sentencia (que podéis conocer a través de la noticia publicada en elcorreo.com y en el blog de nuestros compañeros de NOTTA) demuestra, como venimos defendiendo en este medio, que REESA es una empresa que actúa en todos los lugares de manera absolutamente arbitraria, ignorando el espíritu de nuestras leyes y movida exclusivamente por su afán de lucro.
Eso no quita, no obstante, para que esta magnífica noticia (que nos está indicando uno de los caminos que debemos seguir en nuestra lucha contra REESA) nos indigne, por otra parte, debido al agravio comparativo que supone con nuestra situación, especialmente en territorio aragonés, donde dos sentencias del Supremo (la que daba por inexistente la línea Aragón-Cazaril en mayo de 1999 y la que anulaba la Graus-Sallente en octubre de 2005) no han servido ni para desmantelar las torres de la primera de estas líneas, que aún destruyen, absolutamente para nada, los paisajes del Cinca Medio y La Ribagorza, ni para evitar, como venimos denunciando en estos días, que REESA intente aprovecharse de estas torres "alegales" (por decirlo suavemente) reeditando la Graus-Sallente (con la estratagema de cambiarle el nombre por Peñalba-Monzón-Isona), ignorando además un compromiso del gobierno español con la UE en el sentido de que nunca se volvería a elegir ese trazado, anulado por el Supremo por razones semejantes a las de la sentencia que acaba con 10 kilómetros de la línea Penagos-Güeñes (véase la última rueda de prensa de nuestros compañeros de CHA para una información más precisa).
¿Qué diferencia hay entre Cantabria, Vizcaya y Aragón? ¿Será cosa de nuestros gobernantes? (quizá lo sepamos algún día, aunque de momento, dejan pasar el tiempo, siempre a su favor, sin dignarse a responder a las iniciativas parlamentarias que en su día les hicieron, con respecto a estos asuntos, nuestros compañeros de CHA).
Vagi per davant que ens alegrem profundament de la sentència del Suprem que ha "tirat per terra" un tram de 10 quilòmetres de l'estesa elèctrica que REESA estava instal·lant entre Penagos i Güeñes (Cantàbria / Biscaia), obligant-la a desmantellar a més 24 torres ja ancorades en sòl protegit. Ens alegra, sobretot, per solidaritat amb els nostres companys i perquè fem nostra la seva victòria (són part dels dos milions d'afectats per REESA en el nord d'Espanya), perquè és un triomf de la raó i la justícia i perquè el contingut de la sentència (que podeu conèixer a través de la notícia publicada en elcorreo.com i en el blog dels nostres companys de NOTTA) demostra, com anem defensant en aquest mitjà, que REESA és una empresa que actua en tots els llocs de manera absolutament arbitrària, ignorant l'esperit de les nostres lleis i moguda exclusivament pel seu afany de lucre.
Això no treu no obstant, què aquesta magnífica notícia (que ens està indicant un dels camins que hem de seguir en la nostra lluita contra REESA) ens indigni, d'altra banda, a causa del greuge comparatiu que suposa amb la nostra situació, especialment en territori aragonès, on dues sentències del Suprem (la que donava per inexistent la línia Aragó-Cazaril al maig de 1999 i la que anul·lava la Graus-Sallente a l'octubre de 2005) no han servit ni per desmantellar les torres de la primera d'aquestes línies, que encara destrueixen, absolutament per res, els paisatges del Cinca Medio i La Ribargorça, ni per evitar, com estem denunciant en aquests dies, que REESA intenti aprofitar-se d'aquestes torres "alegals" (per dir-ho suaument) reeditant la Graus-Sallente (amb l'estratègia de canviar-li el nom per Peñalba-Monzón-Isona), ignorant a més un compromís del govern espanyol amb la UE en el sentit que mai es tornaria a triar aquest traçat, anul·lat pel Suprem per raons semblants a les de la sentència que acaba amb 10 quilòmetres de la línia Penagos-Güeñes (vegeu l'última roda de premsa dels nostres companys de CHA per a una informació més precisa).
Quina diferència hi ha entre Cantàbria, Biscaia i Aragó? Serà cosa dels nostres governants? (potser ho sabrem algun dia, encara que de moment, deixen passar el temps, sempre al seu favor, sense dignar-se a respondre a les iniciatives parlamentàries que en el seu moment els van fer, pel que fa a aquests assumptes, els nostres companys de CHA).
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No seas tan duro, Carlos, con nuestro gobierno autonómico aragonés, que precisamente fue el que recurrió contra la línea y consiguió su anulación, (¿no fue suficiente?) pues ya informó al Justicia de que las torres de REDESA, correspondientes a la autopista eléctrica Aragón-Cazaril, no se pueden tocar porque hay un informe jurídico de su Consejo Asesor, integrado por los juristas de más prestigio del reino (aragonés) que lo impide. También tengo que criticar a los desconfiados, tal vez resentidos, que pese a tal declaración, nada menos que ante el Justicia de Aragón, se siguen obstinando en leer, se supone que en la intimidad para más autosatisfacción, tal informe, que, por supuesto, el gobierno aragonés se niega a hacer público. Ya está bien de desconfiar de la autoridad, que al final acabaremos en la acracia.
ResponderEliminarEstimado amigo anónimo, lo primero que queremos puntualizar, al hilo de tu comentario es que, independientemente de quién sea el redactor de los textos que incluimos en este blog, todos ellos son fruto del consenso previo (a través de los debates internos de la Plataforma), razón por la cual no llevan (salvo en las excepciones en que se hace explícita la autoría) otra firma que la de la propia Plataforma.
ResponderEliminarEn cuanto a la dureza o no de nuestras opiniones, lo primero que habría que decir es que mantener un postura de exigencia o de dureza con respecto a la administración o con respecto a una empresa privada, si sus planes amenazan al bien común, es lo menos que se puede exigir a la sociedad civil en un régimen que se considera democrático. Otra cosa es que ese supuesto régimen democrático tenga tal déficit de democracia que le moleste que los ciudadanos (¿o deberíamos decir súbditos?) no se dediquen a loar continuamente a los poderosos. ¿Desconfianza dices? ¡Como para no tenerla después de ver lo poquito que valen para el caso que nos ocupa las Sentencias del Supremo o los compromisos del gobierno de España, que deberían haber hecho desistir a REESA de volver a insistir en un trazado para su autopista eléctrica que —esperemos equivocarnos— no es sino la reedición de la antigua Graus-Sallente!, ¡como para no tenerla, insistimos, cuando todo esto podría ser simplemente el fruto de un protocolo del Gobierno de Aragón con REESA, que se hizo a espaldas de los ciudadanos y que sólo fue conocido tras la solicitud que CHA hizo en las Cortes, y eso, como siempre, con la demora habitual!, ¡como para no tenerla, añadimos, cuando REESA y el MARM han hecho todo lo posible para esconder sus planes a los ciudadanos afectados!, que si se conoció el proyecto de la Autopista Eléctrica no fue precisamente gracias a los ayuntamientos, que sólo comunicaron la información a la población cuando ésta ya la conocía por sus propios medios! ¿Resultará ahora que exigir lo que es de ley y adoptar una actitud vigilante sobre nuestros derechos es apostar por la acracia?
En fin, yendo al meollo de la cuestión, el informe al que haces referencia es, efectivamente, un informe y, puesto que proviene de un organismo asesor, bien podríamos llamarlo "un consejo". De ahí a decir que las torres "no se pueden tocar" hay mucho trecho. Nuestra opinión, que se ha ido formando a través de debates públicos y no en lecturas en la intimidad (nuestras asambleas siempre han sido convocatorias públicas totalmente abiertas) es que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Graus han actuado en todo esto con una cobardía que nos ha abocado a la situación en la que nos encontramos. Porque, si bien es cierto que el gobierno autonómico, como nos recuerdas (y es algo que nunca hemos ocultado), recurrió la línea, también lo es que nunca exigió el cumplimiento íntegro de la sentencia (¿será esto lo que ha provocado que ahora las torres sean intocables?). Saber nadar y guardar la ropa se llama a esto en castellano llano.
Para más exactitud, te aportamos en un siguiente comentario (para no exceder el número de caracteres permitido) el contenido de nuestra queja al Justicia (al que respetamos tanto que recurrimos a él). Ahí están los fundamentos de lo que defendemos públicamente sin otro resentimiento que el de sentirnos traicionados por quienes nos representan y deberían velar por nuestros intereses como aragoneses que somos una buena parte de los que integramos esta Plataforma. La confianza, obviamente, es algo que debe ganarse.
DIVIDIMOS EL CONTENIDO EN VARIAS PARTES POR EXCEDER LA EXTENSIÓN DE CARACTERES PERMITIDA.
ResponderEliminarCONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA QUEJA AL JUSTICIA QUE PRESENTARON VARIAS ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA PLATAFORMA (como ya se informó en su día)contra el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Graus:
PRIMERA
El Gobierno de Aragón o DGA presentó en su momento un recurso contencioso administrativo sobre la inviabilidad de la línea ARAGÓN-CAZARIL, que terminó con la anulación de dicha línea por el Tribunal Supremo por sentencia de 19 de mayo de 1999.
Las torres de alta tensión, que Red Eléctrica de España S. A. (REESA) construyó desde la subestación "Aragón", en Castelnou (Teruel), hasta el municipio oscense de Campo, deberían haber sido desmanteladas de oficio por la DGA como consecuencia del acatamiento obligado a la citada sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS), en cuyo procedimiento fue la DGA parte recurrente. Sin embargo, no sólo no se produjo dicha circunstancia, sino que se ha permitido el cableado ejecutado a partir del año 2000 entre Escatrón y Peñalba, que contradice la resolución judicial ya existente y la desobedece frontalmente al haberlo instalado sin contar con las autorizaciones actualmente obligatorias y, sobre todo, al omitir el estudio de impacto medio ambiental referido en el Considerando Decimotercero de la misma STS que dice literalmente: «Pues bien, el cambio de circunstancias a que se ha hecho referencia tiene como consecuencia inmediata la necesidad de proyectar un nuevo trazado para la línea de interconexión, trazado cuyas características no están aún prefijadas pero que, en todo caso habrá de ser sometido a evaluación de impacto ambiental, toda vez que la nueva legislación española en materia de instalación de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica así lo establece (Disposición Adicional Duodécima de la Ley 5411997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico).»
CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR:
ResponderEliminarSEGUNDA
El desmantelamiento de las dichas instalaciones de la antigua línea ARAGÓN-CAZARIL tampoco ha sido ejecutado o solicitado por los ayuntamientos afectados, ni, concretamente, por el de Graus (Huesca), que ha manifestado que no es competente pese a que se ha cometido una infracción urbanística muy grave por uso de suelo no urbanizable, lo que incumbe a la Administración inexcusablemente como dice la STS, Sala 31 de 2 octubre 2002: «En los casos de actuaciones que contradicen el planeamiento urbanístico, la Administración resulta obligada a restaurar la realidad física alterada o transformada por medio de la acción ilegal», siendo, por tanto, en este caso la DGA y los ayuntamientos los obligados conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley Urbanística de Aragón.
TERCERA
El Gobierno de España aseguró a Europa que había descartado la línea eléctrica Graus-Isona (Heraldo de Aragón, 27 de febrero de 2004) y propuso un trazado alternativo de Peñalba a Salas de Pallars (Lérida) por Monzón, poco antes de ser anulado aquel trazado por el Tribunal Supremo el 19 de octubre de 2005.
Según dicha información, (se adjunta texto de la resolución de la UE), «El Gobierno central ha asegurado a la Comisión Europea que ha desestimado el proyecto de la polémica línea de alta tensión Graus-Isona y apuesta por un nuevo trazado desde la subestación de Peñalba hasta el término leridano de Salas de Pallars, pasando por Monzón. Así se desprende de la información que ha proporcionado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que se interesó por el proyecto a raíz de una queja presentada por la Mancomunidad de la Ribagorza Oriental y el Ayuntamiento de Tolva sobre el impacto ambiental de esta infraestructura».
Según el documento remitido desde Bruselas con fecha 9 de febrero, la denuncia relativa a la construcción de la línea eléctrica de alta tensión denominada «Unión de la línea Aragón-Frontera francesa con la línea Sentmenat-Sallente" será archivada, al haber desaparecido el proyecto que la motivaba y ser sustituido por uno nuevo, por lo que "no es posible identificar ya infracción alguna al derecho ambiental comunitario"».
En concreto se señala que, de acuerdo a la documentación transmitida a la Comisión Europea por las autoridades españolas, «se ha determinado la conveniencia de redefinir el proyecto objeto de la referida queja», para lo que se contempla alimentar la subestación de Monzón de 220 kilovatios en 400 kilovatios desde la subestación de Peñalba, utilizando para ello el tramo ya construido de la Aragón-Cazaril. La nueva línea partiría desde la subestación de Peñalba y llegaría hasta una nueva subestación en el término de Salas de Pallars (Lérida). Según esta documentación aportada por el Gobierno central, «la función que estaba prevista para la subestación de Isona la desempeñará una nueva subestación en el término de Salas de Pallars, en las cercanías de la línea Sallente-Sentmenat».
Pues bien, ni DGA ni Ayuntamiento de Graus han hecho valer el compromiso del Gobierno Español, a la hora de oponerse al "nuevo trazado" de la Monzón-Isona, que reproduce milimétricamente en una de sus alternativas el trazado anulado por el Supremo de la Graus-Isona y "desestimado" por el Gobierno Español, y que ha sido dado a conocer en forma de estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, que, según la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha recibido, procedente de la DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA y MINAS, la solicitud y el documento inicial del proyecto 20080392LIE, NUEVAS SUBESTACIONES A 400/220 KV DE MONZÓN E ISONAY DE LAS LÍNEAS DE CONEXIÓN (HUESCA Y LLEIDA), cuyo promotor es RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SA., al objeto de realizar su evaluación de impacto ambiental, según lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto LegislatIvo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido, de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos."
Desconcierta un poco la actitud del "anónimo ponderador" del G.A. Si es habitual del blog debería tener un mapa conceptual de este largo conflicto en el que la actitud del Piganatelli siempre ha sido de una marcada ambigüedad.
ResponderEliminarDar por buenos, sin mayor análisis, los dictados del poderoso, por otro lado, no es el espíritu que reina en este blog. Si es el fruto del déficit democrático que nuestra "tutelada" sociedad padece. Ese el ánimo y el estilo vital que empresas, partidos mayoritarios y otros "entes bienpensantes" desean y esperan para una sociedad plana, acrítica y sumisa.
SALUD
Disculpad la broma y mi escasa sutilidad para presentar de manera más
ResponderEliminarcínica e irónica la desvergonzada argumentación oficial en el
"provocador" comentario anónimo: el (en adelante mal llamado) gobierno
aragonés ya recurrió contra la autopista eléctrica Aragón-Cazaril y
consiguió la anulación del proyecto ante el T. S. en 1999, sin llegar
a juzgarlo, pues el T. S. solo constató que el proyecto ya no "era
objeto de litigio" al negar Francia el paso de la línea por el valle
de Louron y por tanto quedando anulado el proyecto
administrativamente. El mismo Defensor del Pueblo mostró su extrañeza
por la inacción de (el mal llamado), preguntándose para qué había
recurrido si posteriormente se desentendió de la ejecución de la
sentencia. Digamos de paso que la divulgación del fallo lo realizó la
Asociación de Torres al no hacerlo público ni el (el mal llamado),
(por algo hay reivindicar la acracia), ni el otro recurrente, el
ayuntamiento de Chistáu. Tampoco atendió (el mal llamado) los acuerdos
de las Cortes de Aragón ni éstas se preocuparon de exigirle su
cumplimiento.
En cuanto al dictamen del Consejo asesor que impide a (el mal llamado)
el desmantelamiento de las torres, según declaración de (el mal
llamado) al Justicia de Aragón, a requerimiento de éste tramitando
queja de la Plataforma, se niega a entregarlo a Chunta Aragonesista
incumpliendo el plazo de entrega del documento al grupo parlamentario.
¿Será que el dictamen no fue tan unánime y sí hay argumentos para su
derribo? Si esto es democracia, y no por exclusión, viva la anarquía.
Continuando con el comentario de "resistir" he de decir que Cha ha presentado con fecha 4 de noviembre 4 quejas a la Mesa de las Cortes de Aragón al no haber recibido respuesta a su solicitud sobre las medidas adoptadas en relación al Proyecto de la Peñalba - Monzón - Isona, ni por parte del Consejero de Medio Ambiente, ni por paret del Consejero de Industria, el cual sigue empeñado, a título personal en seguir adelante con la citada línea.
ResponderEliminarEn la misma fecha se ha presentado la SEGUNDA QUEJA, la primera se presentó el 6 de Octubre, por haber sobrepasado AMPLIAMENTE los 20 DÍAS QUE MARCA LA LEY en recibir los INFORMES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y MEDIO AMBIENTALES que se puedan haber elaborado por el GOBIERNO DE ARAGÓN, NO POR EL JUSTICIA DE ARAGÓN.