El Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón responde al fin a las preguntas parlamentarias que CHA presentó el pasado septiembre

El pasado 8 de septiembre, os informábamos de la presentación por parte de nuestros compañeros de Chunta Aragonesista (CHA) de cuatro preguntas parlamentarias, formuladas por su diputado en las Cortes de Aragón Bizén Fuster y dirigidas a los consejeros de Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente. En ellas, se pedía a ambos consejeros que dieran cuenta de las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a los acuerdos parlamentarios acerca de los antiguos proyectos de líneas de alta tensión Aragón-Cazaril y Graus-Sallente y en relación con el acuerdo parlamentario por el que se rechazaba unánimemente el actual proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Monzón-Isona, añadiendo, además, a dichas preguntas una solicitud dirigida al Gobierno de Aragón, y en particular a los Departamentos de Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, en la que se solicitaban los informes técnicos, jurídicos y medioambientales que se hubieran realizado acerca del desmonte de las viejas torres de alta tensión de la antigua Aragón-Cazaril.

Tales preguntas y la solicitud de documentación, como os informábamos el pasado mes de noviembre, no tuvieron respuesta dentro del plazo legal de veinte días establecido para este procedimiento, lo que motivó que el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Chesús Bernal, presentase sendas quejas, los pasados días 6 de octubre y 4 de noviembre, ante la Mesa de las Cortes, exigiendo una respuesta urgente dado el flagrante incumplimiento del plazo legal al que nos referíamos.

Pues bien, con fecha de salida de 3 de diciembre, tal como nos informaban la semana pasada nuestros compañeros de CHA, se ha recibido al fin la respuesta a las preguntas formuladas al Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en los términos que podéis ver directamente en los siguientes documentos (podéis ampliarlos a tamaño real pinchando con el puntero del ratón sobre ellos):

Obviamente, una respuesta tan tardía y además parcial (pese a las quejas presentadas aún no se ha recibido la respuesta del Consejero de Industria ni la documentación reclamada) no puede considerarse satisfactoria en ningún caso; pero, además, el contenido de ésta deja en entredicho la voluntad real del Gobierno de Aragón de dar cumplimiento a los acuerdos parlamentarios a los que se aludía en tales preguntas (que podéis recordar en la entrada de este blog a la que antes nos referíamos), algo francamente escandaloso en un estado que se dice democrático.
Se diría incluso, haciendo un análisis más pormenorizado del texto, que todo el tiempo transcurrido hasta recibir esta pírrica respuesta (ese tiempo demorado que juega en favor de los planes de REESA) ha sido empleado realmente en elaborar un alambicado discurso en el que se hacen auténticos malabarismos argumentales —aderezados de obviedades y medias verdades— que evita llegar a ningún tipo de conclusión. Sólo leyendo entre líneas puede llegar a extraerse un mensaje claro, aunque francamente desalentador: el Gobierno de Aragón mantiene en público una postura de oposición a los proyectos de REESA al mismo tiempo que no hace absolutamente nada para evitar que salgan adelante. Ya puestos, podían decírnoslo de otro modo, por ejemplo, en forma de consigna: "todos contra la Autopista Eléctrica, pero que se haga". Desde luego, sabríamos mucho mejor a qué atenernos.
Pero veamos en concreto qué hay de realidad en lo dicho por el Consejero de Medio Ambiente pues la interpretación que hace de los hechos relacionados con los antiguos proyectos de línea de alta tensión Aragón-Cazaril y Graus-Sallente no se sostiene en absoluto (ya hemos dicho que está aderezada de lo que benévolamente puede calificarse como "medias verdades") y, además, fue ya rebatida en su día por el abogado del Valle de Chistau Fernando López Bazán:

1. La causa sobrevenida es reconocida expresamente por Red Eléctrica de España (REESA), dado que había suscrito sendos convenios con Electricité de France, obligándose a estudiar otras alternativas del trazado de la línea, y pactando también indemnizaciones en su favor de gran calado por los perjuicios derivados de la anulación del primitivo proyecto (indemnizaciones que, sin embargo, no fueron luego utilizadas para desmontar las infraestructuras construidas).
2. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en este recurso, deja claras dos cosas, a saber: a) la inexistencia de acto administrativo recurrible por la pérdida sobrevenida del mismo, es decir, ya no es posible construir la línea de alta tensión Aragón-Cazaril por el trazado que se había proyectado, lo cual no es obstáculo, como dice la sentencia, para que puedan llevarse a cabo otras alternativas; b) en el futuro, si se llega a construir la línea de alta tensión (por un trazado distinto) sería necesario el oportuno estudio de impacto medio ambiental, obligatorio actualmente en las instalaciones aéreas eléctricas.
3. Por último, en ninguna parte de la sentencia del Tribunal Supremo a la que se alude aparece la frase entrecomillada en el diario de fecha 10 del actual: "Los derechos de REESA subsisten"; al contrario, lo dicho en la sentencia literalmente es: "Esta declaración [que el proceso ha perdido su objeto] en nada perjudica los derechos de REESA nacidos de los acuerdos del Consejo de Ministros o derivados [lo cual es muy distinto] de los compromisos suscritos con Electricité de France [como hemos visto otras alternativas al trazado de la línea e indemnizaciones acordadas]".

¿Puede aceptarse en tiempos como los presentes que una consejería de un gobierno autónomo, incumpliendo plazos legales, se tome todo el tiempo del mundo para acabar por no dar respuesta al asunto central por el que se le preguntaba y que atañe nada más y nada menos que al deber de cumplir la voluntad de un pueblo expresada en sus Cortes?
Por descontado que nosotros no podemos aceptar tal respuesta y haremos todo lo que esté en nuestras manos, empezando por volver a presentar una queja ante el Justicia de Aragón, para obtener ese dictamen que, en definitiva, sigue sin entregar ni hacer público el gobierno aragonés, y al que la respuesta alude señalando, precisamente, que "dicho Dictamen pone de manifiesto la dudosa viabilidad de su ejecución".
Queda claro, en todo caso, de qué manera "tan clara y transparente" resuelven nuestros gobernantes "las dudosas viabilidades".


El passat 8 de setembre, us informàvem de la presentació per part dels nostres companys de Chunta Aragonesista (CHA) de quatre preguntes parlamentàries, formulades pel seu diputat en les Corts d'Aragó Bizén Fuster i dirigides als consellers d'Indústria, Comerç i Turisme i de Medi Ambient. En elles, es demanava a ambdós consellers que rendissin comptes  de les mesures adoptades els últims anys pel Govern d'Aragó per donar compliment als acords parlamentaris sobre els antics projectes de línies d'alta tensió Aragón-Cazaril i Graus-Sallente i en relació amb l'acord parlamentari pel qual es rebutjava unànimement l'actual projecte d'Autopista Elèctrica Peñalba-Monzón-Isona, afegint, a més, a aquestes preguntes una sol·licitud dirigida al Govern d'Aragó, i en particular als Departaments d'Indústria, Comerç i Turisme i de Medi Ambient, en la qual se sol·licitaven els informes tècnics, jurídics i mediambientals que s'haguessin realitzat sobre el desmantellament de les velles torres d'alta tensió de l'antiga Aragó-Cazaril.
Aquestes preguntes i la sol·licitud de documentació, com us informàvem el passat mes de novembre, no van tenir resposta dins del termini legal de vint dies establert per a aquest procediment, la qual cosa va motivar que el portaveu de CHA en les Corts d'Aragó, Chesús Bernal, presentés sengles queixes, els passats dies 6 d'octubre i 4 de novembre, davant la Taula de les Corts, exigint una resposta urgent donat el flagrant incompliment del termini legal al que ens referíem.
Doncs bé, amb data de sortida de 3 de desembre, tal com ens informaven la setmana passada els nostres companys de CHA, s'ha rebut per fi la resposta a les preguntes formulades al Conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó en els termes que podeu veure directament en els següents documents (podeu ampliar-los a grandària real clicant amb el punter del ratolí a sobre ).
Òbviament, una resposta tan tardana i a més parcial (malgrat les queixes presentades encara no s'ha rebut la resposta del Conseller d'Indústria ni la documentació reclamada) no pot considerar-se satisfactòria de cap de les maneres; però, a més, el contingut d'aquesta deixa en dubte la voluntat real del Govern d'Aragó de donar compliment als acords parlamentaris als que s'al·ludia en les preguntes (que podeu recordar en l'entrada d'aquest blog a la que abans ens referíem), el que resulta francament escandalós en un estat que es diu democràtic.
Es diria fins i tot, fent una anàlisi més detallada del text, que tot el temps transcorregut fins a rebre aquesta pírrica resposta (aquest temps demorat que juga en favor dels plans de REESA) ha estat emprat realment a elaborar un complicadíssim discurs en el qual es fan autèntics malabarismes argumentals —amanits d'obvietats i mitges veritats— que evita arribar a cap tipus de conclusió. Només llegint entre línies pot arribar a extreure's un missatge clar, encara que francament trist: el Govern d'Aragó manté en públic una postura d'oposició als projectes de REESA al mateix temps que no fa absolutament rés per evitar que tirin endavant. Tanmateix, podien dir-ho d'una altra manera, per exemple, en forma de consigna: "tots contra l'Autopista Elèctrica, però que es faci". Per descomptat, sabríem molt millor a què atenir-nos.
Però vegem en concret què hi ha de realitat en el que s'ha dit pel Conseller de Medi Ambient doncs la interpretació que fa dels fets relacionats amb els antics projectes de línia d'alta tensió Aragón-Cazaril i Graus-Sallente no se sosté en absolut (ja hem dit que està amanida del que benèvolament pot qualificar-se com a "mitges veritats") i, a més, va ser ja rebatuda en el seu moment per l'advocat de la Vall de Chistau Fernando López Bazán:

1. La causa sobrevinguda és reconeguda expressament per Red Eléctrica de España (REESA), atès que havia subscrit sengles convenis amb Electricité de France, obligant-se a estudiar altres alternatives del traçat de la línia, i pactant també indemnitzacions a favor seu de gran importància pels perjudicis derivats de l'anul·lació del primitiu projecte (indemnitzacions que, no obstant, no van anar després utilitzades per desmuntar les infraestructures construïdes).
2. La sentència dictada pel Tribunal Suprem en aquest recurs, deixa clares dues coses, a saber: a) la inexistència d'acte administratiu recurrible per la pèrdua sobrevinguda del mateix, és a dir, ja no és possible construir la línia d'alta tensió Aragó-Cazaril pel traçat que s'havia projectat, la qual cosa no és obstacle, com diu la sentència, perquè puguin dur-se a terme altres alternatives; b) en el futur, si s'arriba a construir la línia d'alta tensió (per un traçat diferent) seria necessari l'oportú estudi d'impacte mediambiental, obligatori actualment en les instal·lacions aèries elèctriques.
3. Finalment, enlloc de la sentència del Tribunal Suprem a la qual s'al·ludeix apareix la frase entre cometes en el diari de data 10 de l'actual: "Els drets de REESA subsisteixen"; al contrari, el que s'ha dit en la sentència literalment és: "Aquesta declaració [que el procés ha perdut el seu objecte] en rès perjudica els drets de REESA nascuts dels acords del Consell de Ministres o derivats [la qual cosa és molt diferent] dels compromisos subscrits amb Electricité de France [com hem vist altres alternatives el traçat de la línia i indemnitzacions acordades]".

Pot acceptar-se en temps els nostres temps una conselleria d'un govern autònom, incomplint terminis legals, es prengui tot el temps del món per acabar per no donar resposta a l'assumpte central pel qual se li preguntava i que concerneix ni més ni menys que en haver de complir la voluntat d'un poble expressada en les seves Corts?
Per descomptat que nosaltres no podem acceptar tal resposta i farem tot el que que calgui, començant per tornar a presentar una queixa davant el Justícia d'Aragó, per obtenir aquest dictamen que, en definitiva, segueix sense lliurar ni fer públic el govern aragonès, i al que la resposta al·ludeix assenyalant, precisament, que "aquest Dictamen posa de manifest la dubtosa viabilitat de la seva execució".
Queda clar, en tot cas, de quina manera "tan clara i transparent" resolen els nostres governants "les dubtoses viabilitats".