Desde que conocimos el impresentable proyecto de Autopista Eléctrica Valsalada-Laluenga-Isona, en agosto de 2021, además de
demostrar por activa y por pasiva el rechazo unánime de la población afectada en nuestro territorio (así como de todos y cada uno de los ayuntamientos afectados en nuestra tierra en el tramo aragonés), hemos defendido (
también en nuestras alegaciones) que
estamos ante un clarísimo fraude de ley (por decirlo suavemente) ya que dicho proyecto (al igual que el resto de clústeres promovidos en Aragón por Forestalia)
vulnera abiertamente, entre otras, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (concretamente los artículos 6, 21, apartado 5, y 34). La propia Ministra Teresa Ribera
expresó en su día en el Senado sus más que serias dudas sobre este tipo de proyectos con los que Forestalia, a todas luces,
pretende dotarse (en contra de la citada ley, y con el subterfugio de que se trata de infraestructuras de evacuación)
de una red de transporte eléctrico propio (algo así como una privatización de la de por sí ya privatizada red de transporte eléctrico española). Sin embargo,
como ya quedó de manifiesto por las noticias publicadas en prensa durante la campaña de las elecciones autonómicas y locales, los tentáculos de Forestalia parece que son tan largos, absorbentes y pringosos como para que donde la ministra dijo entonces "digo", diga ahora "Diego".
En fin, no vamos a repetir aquí una vez más todos los motivos por los que nos oponemos frontalmente a este escandaloso proyecto (
ya los expresamos con claridad cuando obtuvo la DIA favorable el pasado mes de junio), que
se pasa nuestro ordenamiento jurídico por el arco de triunfo;
ha pasado por encima de nuestro derecho a la participación pública en proyectos, y, por si fuera poco, generaría (en caso de que acabara llevándose a cabo)
impactos medioambientales y sociales inaceptables en una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa y que ha sido históricamente desfavorecida y machacada por multitud de proyectos energéticos, que han tenido una buena parte de responsabilidad en su actual situación de despoblación.
Lo que vamos a hacer ahora es volver a decirles lo que parece que han decidido ignorar olímpicamente, pero no ya en este medio, sino en los tribunales y, una vez más (cuantas veces hagan falta) en nuestras calles y plazas. Y no hablamos por hablar, cuando decimos que están ignorando de manera deliberada lo evidente. La propia resolución señala con toda tranquilidad y como si nada que:
"
Se reciben informes desfavorables muy idénticos o similares de los Ayuntamientos de Azanuy-Alíns, Benabarre, Laluenga, Peralta de Calasanz, Puente de Montañana, Tolva, Ayuntamiento de Viacamp y Litera, donde se expone que el proyecto incumple con la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, por no inclusión en la planificación energética, argumentan la fragmentación del proyecto y la nulidad de pleno derecho del mismo, además de señalar varias afecciones urbanísticas, económicas, a la avifauna, vegetación y a los suelos, entre otros. El promotor responde a dichos informes argumentando su postura. Posteriormente tuvieron entrada segundos informes de los Ayuntamientos, donde se ratifican en lo considerado en el primer informe, no aceptando la contestación recibida por parte del promotor y exponiendo su disconformidad con el proyecto.
Se recibe informe desfavorable de la Dirección General de Energía de la Generalitat de Catalunya, donde argumenta la nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo llevado a cabo, la nulidad de la tramitación de la infraestructura de evacuación, basado en carácter de línea de transporte de la infraestructura de evacuación, e incumplimiento con el artículo 5, apartado 3, de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, entre otros. El promotor responde a dicho informe argumentando su postura. Posteriormente tiene entrada segundo informe del organismo, donde se ratifica en lo considerado en el primer informe, no aceptando la contestación recibida por parte del promotor y exponiendo su disconformidad con el proyecto".
Nos disponemos pues ya a elaborar y presentar, con el apoyo de
Salvem Lo Pallars, el correspondiente
recurso de alzada; pero, además, estaremos vigilantes (y dispuestos a denunciar de inmediato ante el SEPRONA) cualquier incumplimiento de los condicionantes incluidos en la DIA y en esta nueva resolución, y
consultaremos con nuestro equipo de abogados la posibilidad de que esta esté incurriendo en un posible caso de prevaricación administrativa.
Además, dada la situación en la que ya nos encontramos,
reforzaremos las acciones de protesta, para evidenciar, una vez más, nuestro rechazo frontal a este inaceptable proyecto,
empezando en lo inmediato por el Àgora pallaresa, que, como ya anunciamos en este blog, tendrá lugar en Figuerola d'Orcau los días 7 y 8 de octubre.
Para finalizar (por el momento), queremos señalar algunos aspectos de la resolución que nos preocupan y que son muestra una vez más de cómo este supuestamente progresista Gobierno ha hecho tabla rasa del derecho a la participación pública en proyectos. Nos referimos, en primer lugar, a la continua mención que se hace en la resolución a la Subestación Eléctrica Isona de REDEIA, en la que finalizaría el proyecto de Autopista Eléctrica de Forestalia. Por si no se han enterado en Madrid (o por si acaso les han engañado) hay que decir claramente que esta subestación (último residuo del antiguo proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona) no ha sido construida aún; es más, contra ella, a través de uno de nuestros compañeros, tenemos interpuesto un recurso contencioso administrativo, cuyo fallo, según hemos sabido recientemente, está previsto para el próximo 11 de octubre (y no es que confiemos mucho en la Justicia, visto lo visto, pero lo cierto es que se trata de una subestación que no solo no está construida, sino que se encuentra lógicamente en entredicho).
Pero, además, y en segundo lugar, nos ha sorprendido la fórmula final de la resolución, que establece un plazo de 30 días para la presentación del recurso de alzada a partir de la notificación de la resolución y no de su publicación en el BOE. Al respecto, hemos de recordar que en ningún momento hemos recibido notificación alguna (ni tampoco respuesta a las 1.800 alegaciones presentadas por particulares y asociaciones), al contrario que otras entidades, como los ayuntamientos afectados (en el de Benabarre la notificación llegó, según hemos sabido, el pasado 12 de septiembre, y en el de Tolva el 19). Tenemos, por tanto, que estudiar bien este asunto de los plazos para evitar que nos dejen fuera de juego con un nuevo subterfugio creado ad hoc para dificultar o impedir nuevamente el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Sea como sea, trataremos de disponer cuanto antes del modelo de recurso de alzada, que compartiremos en este blog para que pueda ser usado por todas aquellas personas, asociaciones o entidades que quieran presentarlo.
%20(2).png)
Entradas
