La pregunta, que podéis ver en http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000015_ES.html y de la que hablamos pormenorizadamente en http://autopistaelectricano.blogspot.com/2019/01/los-eurodiputados-florent-marcellesi-y.html, pedía explicaciones sobre la concesión de la mayor subvención que se ha dado jamás en la UE a una infraestructura energética: 578 millones de euros del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para la construcción de la interconexión eléctrica entre Francia y España a través del Golfo de Bizkaia. En particular, solicitaba saber ¿cuáles habían sido las razones que justificaron la concesión de semejante cantidad de dinero público? y ¿en qué documentos técnicos, económicos y financieros se había basado la justificación para la concesión de la misma?
Al respecto, es conveniente recordar también que el citado proyecto de interconexión eléctrica ha recibido un fortísimo rechazo de la población afectada; fue sometido a una fase de consultas vergonzosa, que no respetaba el Convenio de Aarhus; resulta claramente injustificado a la luz de los datos obtenidos por nuestra Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos y, por si todo esto fuera poco, pesa sobre él la sombra de la duda de que sea viable técnicamente.
Pues bien, tras haber esperado bastante más de lo estipulado en el reglamento, al fin el Comisario Arias Cañete ha dado respuesta a la citada pregunta, aunque, como podréis ver a continuación, para lo que ha contestado, lo mismo hubiera dado que hubiera seguido guardando silencio.
Podéis acceder también a la respuesta en el siguiente enlace de la web del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000015-ASW_ES.pdf
De un primer análisis de la respuesta del Comisario de Acción por el Clima y Medio Ambiente, sacamos la sensación de que, fundamentalmente, nos está recordando lo que ya sabíamos y de que sigue viva en el ánimo del señor Arias Cañete la noción de "paseo militar", lo que contradice totalmente sus respuestas a preguntas previas en las que prometía transparencia y consenso con la población afectada por este tipo de infraestructuras. Pero, sin duda, lo más escandaloso de su respuesta lo encontramos en los siguientes puntos:
- Reconoce Arias Cañete al final del segundo párrafo, donde señala que el proyecto "cumplía" las condiciones para recibir semejante subvención, que este es inviable desde el punto de vista comercial. Por tanto, como ya es norma en esta UE rendida al neoliberalismo, estamos ante un nuevo caso de socialización de pérdidas y privatización de beneficios. ¿Nos encontraremos también al final con un nuevo proyecto Castor que acabaremos pagando por partida doble los ciudadanos y ciudadanas europeas?
- En lo que parece un auténtico sarcasmo, señala, en el tercer párrafo, que la decisión se tomó tras un proceso "exhaustivo e imparcial". Pero, ¿es posible defender que el proceso ha sido exhaustivo e imparcial cuando, en el cuarto párrafo, se nos dice que para ello se examinó simplemente la solicitud de subvención y los anexos técnicos presentados por los promotores, uno de ellos, Red Eléctrica de España, esto es, una corporación privada? ¿Acaso no han existido voces discordantes como las de la propia Commision de Régulation de l'Énergie francesa (CRE), que ya en el 2016 había advertido de que Francia estaba bien interconectada con sus vecinos, estando ampliamente optimizadas las interconexiones existentes, por lo que se debería evitar exponer a los consumidores a los altos costes de construcción de unas infraestructuras cuya utilidad no se había demostrado? ¿Acaso nuestra Red de Apoyo Mutuo no ha venido denunciando públicamente (y en comunicación directa con la Dirección General de Energía de la Comisión Europea) que los proyectos de interconexión eléctrica no están justificados y entorpecerán la transición energética?
- Pero quizá lo más grave de todo nos lo reserva el final de su respuesta: descubrimos con absoluta sorpresa e indignación que nada de lo dicho es en realidad comprobable puesto que, según una normativa que desconocíamos, las solicitudes de subvención del MCE son confidenciales y no son accesibles ni para el público ¡ni para los parlamentarios europeos! ¡Cómo es posible, nos preguntamos, que una macrosubvención de dinero público europeo de 578 millones de euros, concedida además a un proyecto discutido incluso técnicamente, no pueda ser fiscalizada ni por el mismísimo Parlamento Europeo! Nos quedamos cortos al decir que esto es absolutamente escandaloso.
