¿Un nuevo Castor?: Red Eléctrica de España y Réseau de Transport d'Electricité abandonan el trazado inicial de la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya por las dificultades de atravesar el cañón de Capbreton (los sobrecostes del proyecto los pagaremos los consumidores españoles)

El pasado mes de julio os informábamos de que Red Eléctrica de España (REE) y Réseau de Transport d'Electricité (RTE), sin apenas publicidad y con dos meses de retraso, habían acabado por admitir que su megaproyecto de interconexión eléctrica submarina entre Gatika (Vizcaya) y Cubnezais (Francia) se enfrentaba a serios problemas para atravesar el profundo cañón de Capbreton (véanse al respecto las notas de prensa en castellano y francés que publicamos en ese momento y la intervención de la plataforma de Gatika contra la interconexión eléctrica en la contracumbre contra el G7).
Pues bien, lejos de haberse solucionado el problema, hemos conocido en estos días, a través de nuestros compañeros y compañeras del Collectif des Associations de Défense de l'Environnement du Pays-Basque et du sud des Landes (CADE), que REE y RTE (integradas en INELFE) han decidido abandonar el trazado inicial (que por las citadas dificultades se había llevado hasta solo 5 kilómetros de la costa francesa, a la altura de Capbreton) y lanzan ahora un nuevo estudio (que incluye una investigación marina), que pretenden finalizar a mediados de 2020:

• CADE: "Projet d’interconnexion électrique dans le Golfe de Gascogne _ Note d’information". 
• INELFE (castellano): "REE y RTE lanzan nuevos estudios para rodear el cañón de Capbreton tras descartar la posibilidad de cruzarlo".
• INELFE (français): "En l’absence de tracé viable, RTE et REE lancent des nouvelles études pour contourner le canyon de Capbreton" (nótese que el titular de la nota de prensa de INELFE en francés es mucho más pesimista pues habla de la ausencia de un trazado viable). 

Mapa con los trazados de los proyectos de interconexión eléctrica España-Francia elaborado por nuestra Red de Apoyo Mutuo con los datos con los que contábamos a fecha de septiembre de 2019. En la imagen siguiente (tomada de http://hendaye.environnement.over-blog.fr) se observa el cañón submarino de Capbreton, de unos 270 km de largo y hasta 3.500 m de profundidad. Haced clic en las imágenes para ampliarlas.

Como vemos, el nuevo estudio supondrá un posible retraso en el desarrollo del proyecto de entre 8 y 10 meses; pero no hemos de alegrarnos en demasía por ello ya que la noticia demuestra en el fondo que el lobby eléctrico no renuncia al proyecto pese a haberse encontrado con dificultades técnicas insuperables (de las que, por cierto, ya habíamos advertido al propio gobierno francés): "REE y RTE descartan esta solución y trabajan [para] definir una nueva ruta en torno al cañón. [...] Con independencia de este tramo afectado, el resto del trazado del enlace no cambia".
Además, como ya advertíamos en julio, los presumibles sobrecostes del proyecto correrán a cargo de REE (o lo que viene a ser lo mismo, de los consumidores y consumidoras españolas), que, según la decisión de los reguladores, deberá asumir el 62,5% de todo sobrecoste (véase: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1803081_20.pdf). No resulta descabellado, por tanto, suponer que podríamos estar ante un nuevo Castor, que acabraemos pagando entre todos y todas.
Pero, por si esto fuera poco, la decisión tomada por REE y RTE nos hace augurar un impacto aún mayor (si cabe) del proyecto y conlleva una serie de consecuencias de extraordinaria gravedad.
En primer lugar, si tenemos en cuenta lo señalado en la nota de prensa de INELFE en francés (reconocimiento de ausencia de un trazado viable) y que Capbreton se encuentra en la zona de menor impacto ("fuseau de moindre impact") según lo acordado en 2018 por el entonces ministro Hulot (véanse: https://www.inelfe.eu/sites/default/files/2018-04/Dossier de concertation Fuseau de Moindre Impact.pdf y http://autopistaelectricano.blogspot.com/2018/04/carta-del-collectif-des-associations-de.html), todo lleva a pensar que la solución en la que estarían pensando REE y RTE sería salir a tierra en la localidad de Capbreton para rodear esta y volver luego al mar continuando por vía submarina según el trazado inicial. De confirmarse esto, estaríamos ante un auténtico despropósito y un nuevo e inaceptable impacto socioeconómico pues no olvidemos que Capbreton es una localidad de gran importancia turística y que las infraestructuras que sería necesario construir en su entorno incluirían dos estaciones de conversión de muy grandes dimensiones y un importante pasillo (mínimo 10 metros de ancho) alrededor de la población (véanse las imágenes siguientes, del ya enlazado Dossier de concertation, haciendo clic en ellas para ampliarlas). 

En segundo lugar, como recordaréis, el proyecto de interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, tras haber sido seleccionado como Proyecto de Interés Común (PCI), fue también seleccionado por parte del programa CEF de la Comisión Europea para recibir una macrosubvención de 578 millones de euros (M€), esto es, aproximadamente un tercio del presupuesto inicial de la obra, de 1.750 M€ (se trata de la mayor subvención concedida a un proyecto de estas características en la UE).
Ya en su día se planteó una pregunta en el Parlamento Europeo para exigir explicaciones sobre cómo era posible que se otorgase semejante macrosubvención a un proyecto cuya viabilidad técnica estaba en entredicho. Y es que desconocíamos y seguimos desconociendo los documentos técnicos, económicos y financieros que habrían justificado la concesión de semejante subvención, ya que, en su tardía respuesta a la citada pregunta parlamentaria, el Comisario Arias Cañete no nos proporcionó la información solicitada escudándose en una supuesta normativa según la cual tales datos serían confidenciales (lo que consideramos que atenta directamente contra el propio Parlamento Europeo cuya indispensable labor de control del ejecutivo europeo resulta así imposible).
Pero ahora, tras la decisión tomada por REE y RTE, este asunto adquiere una nueva dimensión. Y es que, como señala el Reglamento 347/2013, la financiación concedida al proyecto de interconexión debería servir para mitigar los problemas de viabilidad comercial cuando estos son un obstáculo en la decisión de inversión y, tal como se puede extraer de la Decisión sobre la distribución transfronteriza de costes del proyecto de interconexión en el Golfo de Vizcaya, dichos riesgos están relacionados fundamentalmente con las dificultades técnicas asociadas a la perforación del cañón de Capbreton (el documento dice literalmente: “La principal dificultad es el cruce del cañón de Capbreton, que se realizará mediante una perforación en dirección horizontal, una técnica ampliamente probada en tierra pero que requiere soluciones innovadoras para poder ser empleada en zonas marinas. Estas soluciones podrían beneficiar posteriormente a otros promotores” —eso sí, en la versión pública del documento, los costes y beneficios asociados aparecen como confidenciales).
Por tanto, la decisión de REE y RTE de esquivar el cañón de Capbreton implicaría que ya no estaría justificada la necesidad de la macrosubvención concedida por el CEF pues se estaría eliminando del proyecto el reto tecnológico que la justificaba (y téngase en cuenta, además, que, hasta la fecha, el CEF había destinado ya cerca de 9,5 M€ para la realización de análisis técnicos, que, por lo visto, no han sido capaces de resolver el problema, tal como ya habíamos augurado y advertido los opositores al proyecto). Si a lo ya dicho le sumamos además la ignominiosa actuación de REE, que, en el colmo de la desvergüenza, pretendía cobrar a los consumidores la parte que le correspondía de esta megasubvención como si se tratase de una inversión propia (lo que pone en entredicho incluso el uso que esta empresa pretendía dar a este dinero), solo cabe concluir que dicha subvención debería ser devuelta de inmediato. Es más, por todo lo señalado, consideramos, en fin, que este proyecto debería ser descartado o anulado pues, además de que resulta enormemente dañino para el medioambiente e incluso nocivo para una auténtica transición ecológica, expone a los consumidores y consumidoras a unos enormes costes de construcción sin que se haya demostrado en ningún momento su utilidad (tal como advirtió ya en 2016 la Commision de Régulation de l'Électricité).

Recordemos, para finalizar y para mejor valorar la gravedad de todo lo expuesto, que nuestra RED DE APOYO MUTUO en respuesta a los Megaproyectos Energéticos (a la que están adheridas la plataforma Gatikan Autopista Elektrikorik EZ y el CADE) considera, desde el mismo inicio del proyecto de cable eléctrico submarino por el Golfo de Vizcaya, que este es un SINSENTIDO pues RESULTA INÚTIL Y PERJUDICIAL A MÚLTIPLES NIVELES Y TIENE UN COSTE DESCOMUNAL (que, además, como vemos, sigue creciendo día a día). El comunicado de prensa que emitimos el pasado mes de julio detalla esta posición y desmonta los argumentos de INELFE, señalando en esencia que:

1. Francia y España tienen una capacidad eléctrica excedentaria: 1,6 veces y 2,6 veces, respectivamente, de su consumo máximo.
2. La interconexión actual es más que suficiente (sentido Francia-España: 3.700 MW, por solo 1.520 MW necesarios) y ha sido recientemente incrementada en 300 MW en Arkale (y por solo 20 millones de euros).
3. Francia ya ha alcanzado el 10% de interconexión y España dispone de un 7,1% con las interconexiones con Portugal y Marruecos.
4. Cálculo erróneo del 10%: el engañoso indicador que se ha usado para calcular la tasa de interconexión se basa solo en la capacidad instalada (excedentaria) y no en el consumo eléctrico real.
5. ¿Solidaridad o especulación? El oligopolio compra electricidad barata de origen nuclear desde Francia (82% del tiempo) y la revende más cara a los consumidores en España.
6. Daños colaterales (contra la transición energética): esta Autopista Eléctrica o MAT (400 kV) no servirá para exportar electricidad renovable (poca capacidad en Euskadi), sino para importar electricidad de la central nuclear de Blayais y otras.
7. Costes medioambientales y riesgos sanitarios: graves impactos en los ecosistemas terrestres y submarinos y en el paisaje, y daños a la salud a causa de la contaminación electromagnética.